Culpable, hasta que se demuestre lo contrario

Jorge Luis todavía sigue cargando con el estigma de presunto delincuente. En el verano de 2013 fue detenido tras una espectacular redada policial en su casa de la barriada habanera de La Víbora.

“Fui acusado de ser el autor intelectual de varios robos con fuerza. Estuve detenido, primero en la unidad territorial del DTI en 10 de Octubre y luego tres semanas en 100 y Aldabó. Después me trasladaron a prisión preventiva en Valle Grande, a esperar el juicio. La policía no tenía pruebas sólidas. Solo pesaban mis antecedentes penales. Tras cinco meses de encierro fui puesto en libertad por falta de pruebas. Ningún tribunal u oficial de la policía me dio una disculpa. El Estado no reparó monetariamente esa arbitrariedad. En Cuba, un sospechoso es culpable de antemano. El pesquisaje policial y las investigaciones son espantosamente malas. En las cárceles cubanas hay un montón de personas inocentes y están tras las rejas solo por presunción de la policía o de la fiscalía”, relata Jorge Luis.

Supuestamente, la jurisprudencia en la Isla dictamina que un ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la práctica la maquinaria legal hace lo contrario.

Tener antecedentes penales, actas de advertencias o simplemente un perfil que las autoridades consideren sospechoso, es un lastre de por vida. “Estuve preso siete años por matar vacas. Desde que salí de prisión no he podido encontrar un trabajo bien remunerado. Los ex reclusos solo tenemos cabida en la construcción, como sepultureros o cazadores de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata. Esa historia de la benevolencia de la revolución con quienes han cometido delitos comunes es mentira. Somos reos del sistema para siempre”, señala Diosbel, que consiguió una plaza como limpiador de parques.

En el modelaje policial cubano hay una metodología racista. En operativos o redadas, mestizos y negros son siempre sospechosos y se les detiene sin haber cometido delito alguno. Sucede igual con jóvenes que las autoridades consideran extravagantes. La llamada 'peligrosidad social' es una norma abiertamente fascista.

A las personas se les sanciona solamente por presunciones. La desprotección ciudadana y el desconocimiento de las leyes son proverbiales en Cuba. “La incultura jurídica en nuestro país es grande. Pocos conocen la Ley de Procedimiento Penal. Ni siquiera sus derechos. Las autoridades pisotean las normas con una frecuencia pasmosa. Los tribunales forman parte de la maquinaria del Estado. No tienen autonomía ni independencia. Un abogado defensor es casi un pelele. Si el Estado decide aplicar una sentencia ejemplarizante, no te salva ni Dios. Los más desprotegidos por las leyes son los opositores políticos”, argumenta un joven letrado que labora en un bufete estatal.

En El Calvario, poblado en las afueras de La Habana, en el otoño de 2010 la abogada disidente Laritza Diversent abrió una oficina para asesorar a ciudadanos que consideran que sus derechos son vulnerados.

En la planta baja de su casa atiende más de 130 casos mensuales. La consultoría se llama Cubalex, en ella trabajan nueve abogados y un experto en asuntos médicos.

Laritza Diversent considera que las deficiencias en el procedimiento policial y las fallas de los mecanismos jurídicos y legales son usuales. “La ciudadanía tiene una profunda ignorancia sobre sus derechos y deberes. Incluso agentes de Seguridad del Estado y de la policía desconocen muchas normas jurídicas vigentes. En registros, detenciones o citaciones las violaciones son flagrantes”, subraya y añade:

“Algunas de nuestras normas penales esán desfasadas. Se rigen por arcaicas leyes de la etapa del colonialismo español. Más que desmontar todo el sistema legal, pienso que se debe renovar".

Según Augusto, con cuarenta años de experiencia en el ejercicio del Derecho, “cuando un cliente contrata a un abogado, lo que prima es si tiene buenos contactos en la policía y la fiscalía. Más que el talento que pueda tener, lo que vale son sus conexiones. En el sistema legal cubano impera el tráfico de favores y la corrupción”.

Viejo zorro en los vericuetos legales, Augusto piensa que hay casos y casos. “Cuando son expedientes por delitos menores o de cuello blanco sin mucha repercusión mediática, si sabes dónde mojar con plata, el acusado puede salir en libertad o estar presos unos pocos meses. Ya en los casos de asesinatos, robos sonados o matarifes de reses, la sanción está predeterminada. Ni el mejor abogado del mundo puede impedirlo. Y los disidentes ni se diga, su castigo viene dictado de arriba”.

Varios abogados consultados están convencidos de que el viejo axioma jurídico de 'inocente, hasta que se demuestre lo contrario', es letra muerta en la Isla.

También están los personajes intocables. Por encima de la Ley. Que no rinden cuentas ni pagan por sus delitos o violaciones legales.

Como el General Rogelio Acevedo, involucrado en un caso de corrupción. O Antonio Castro, play boy de la burguesía verde olivo, que viaja en yate por Grecia y alquila cinco suites por mil euros la noche en Turquía, sin dar explicaciones de dónde procede el dinero.

En Cuba, como en cualquier autocracia, las leyes se hicieron para los otros. No para los que gobiernan.

Iván García

Foto de Juliet Michelena tomada de Misceláneas de Cuba.