Según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, citados en un artículo del periódico Juventud Rebelde, para la segunda mitad del presente siglo, la población cubana será una de las más envejecidas del mundo. A esto se debe sumar que será una de las más desfavorecidas económicamente, vislumbrándose indigencia y necesidades de todo tipo.
Si trasladamos el tema a Bayamo, capital de la provincia Granma, las cosas se complican. Al fatalismo geográfico, hay que añadir las diferencias asistenciales por parte de los organismos, de acuerdo a la región que corresponda, y las poquísimas opciones de supervivencia que concurren en una ciudad del interior de un país subdesarrollado.
El panorama actual ya va dando color a lo que se avecina. Baste dar un paseo por Bayamo para asegurarlo. Por doquier pululan los “sin techo”, limosneros que se suman a la creciente ola de desempleo.
Juan Esteban Izaguirre, de 69 años, es uno de los que está sin amparo. Su testimonio duele desde la soledad de la esquina donde pasa sus días. “Mi familia se fue de Cuba hace unos años y me quedé solo. Jamás se acordaron de mí. Traté de buscar ayuda en un asilo de ancianos, pero las condiciones que me pedían para poder acceder al lugar no las reunía. Tenía que tener una chequera (pensión como jubilado) o alguien que se responsabilizara por mí. Para una persona mayor y sola, es difícil mantener una casa, por eso busco ayuda solidaria en este lugar todos los días para poder comer.”
Otra arista del asunto se enmarca en aquéllos que, por la reducción de plantilla en sus respectivos centros laborales, han quedado a la espera de una reubicación que les permita vivir dignamente.
Miguel Rodríguez es uno de ellos. Cuenta que durante diez años trabajó en la Empresa Nacional de Materias Primas. Con los recortes de empleos, a los 58 años literalmente se quedó en la calle, esperando una reubicación que nunca llegó.
Al decirle que tenía la edad acceder a la jubilación expresó: “Esa opción no fue posible, pues necesitaba veinticinco años o más para poder jubilarme. Y yo, por múltiples razones, me incorporé tarde al trabajo. Ahora ya no tengo edad para acumular los años que me exijen y los diez trabajados cayeron en saco vacío. Debo hacer malabares para llevar comida a mi casa".
Para Mireya Fonseca, jubilada de 69 años, la situación no es diferente. Después de treinta años trabajando en un puesto estatal, decidió ser cuentapropista. “Todavía tengo salud y fuerza para ganarme la vida. Con la ayuda de una nieta he puesto en la sala de mi casa una peluquería. Intentaba mejorar la entrada económica, pues la jubilación que recibo es de 270 pesos. Las cosas en Cuba están muy difíciles. El acoso de los inspectores, con sus absurdas exigencias, hacen imposible el trabajo privado. He pensado en cerrarlo y entregar la patente. Y que sea lo que Dios quiera.”
Los asuntos sociales comienzan en el barrio. En cada ejecutivo cederista existe un cargo referente a la seguridad social, como Ismari Fonseca. Acerca de las disímiles situaciones con las que se encuentra en su labor altruista, nos dice: “Es verdaderamente complicado el trabajo en la base. Con la situación actual que vive el país se han acrecentado los casos que necesitan ayuda de algún tipo: de vivienda, alimentación, estipendio económico o no tener a nadie. Las barreras llegan cuando los problemas se exponen a los organismos superiores. Bien porque hay casos peores o porque no se cuenta con recursos para solucionarlos. Y ahí se quedan, a la espera de un milagro".
Al investigar, por vía telefónica, con funcionarios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, Juan Miguel Cabrales, director de la delegación Granma del organismo, afirmó: “Nuestra misión social está muy bien definida con respecto al trabajo por cuenta propia. La responsabilidad es velar por la legalidad íntegra de cada negocio particular que se ponga en práctica. No estamos para velar con qué y cómo cada cual hace su labor. Todas aquellas personas que se sientan acosadas o perseguidas por inspectores o agentes de la policía, deben elevar su queja o denuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes están autorizados a tomar medidas al respecto.”
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está en el deber de visualizar, detectar y gestionar soluciones a los casos que pudieran convertirse en exclusión social. Bajo tal precepto acudimos a la delegación provincial de este organismo, Lizet Pérez, jefa de Departamento de Asistencia Social dijo: “Tratamos de que no quede sin solución ningún caso que llega a nosotros. Aún cuando las condiciones económicas del país no son las mejores, se le da a cada afectado la solución acorde a su necesidad".
La funcionaria añadió que "es cierto que persisten deficiencias desde la base. En ocasiones hay desinterés de los encargados de detectar las personas que urgen de ayuda. Actualmente se hace imprescindible redefinir la estructura y el mecanismo con el cual trabajamos, de forma que todos los que necesitan apoyo lo tengan. Hay que tener en cuenta la particularidad de cada caso, no aplicar a rajatabla la legalidad, pues eso trae consigo injusticias".
Texto y foto: Eduardo García Oliva
Cubanet, 27 de octubre de 2005.
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