Los desheredados del Llega y Pon

Al triunfo de la revolución, uno de los primeros objetivos del designado primer ministro Fidel Castro fue cumplir el programa del Moncada. Este alegato, manifestado durante su autodefensa en 1953, señalaba a la vivienda como uno de los problemas graves de la sociedad cubana.

Es un hecho que en muchas ciudades, e inclusive en zonas rurales, se construyeron urbanizaciones de edificios multifamiliares o casas individuales, que les fueron otorgadas a moradores de los barrios marginales. Las nuevas viviendas, en su mayor parte, se entregaron en usufructo, teniendo sus habitantes que pagar una especie de renta determinada al promediar sus salarios.

Asentamientos como Alamar, en La Habana (1970), el distrito José Martí (1967) o el reparto Abel Santa María (años 80), conocido como El Salao, en Santiago de Cuba, permanecen como evidencia de estos esfuerzos. Construidos inicialmente por brigadas profesionales, pasaron después a formar parte del sistema de microbrigadas, con sus consiguientes desaguisados.

En algunas ocasiones, estos pobladores, extraídos abruptamente de un entorno desarraigado, trasladaron sus costumbres a estas nuevas urbanizaciones, repitiendo los mismos patrones de vida y conducta con el subsiguiente descalabro de las intenciones propuestas.

Es el caso de la barriada del Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba, primera obra social del periodo revolucionario. Construida con la habitual premura y materiales pobres, su nombre trata de emular con el lujoso Vista Alegre, reparto burgués de la ciudad, de espaciosas avenidas llenas de palacetes y casonas aristocráticas. Hoy es un barrio precario, con viviendas deterioradas por ausencia de mantenimiento, uso inadecuado, y las destrucciones del huracán Sandy.

Los esfuerzos por eliminar estos barrios en el país nunca pudieron concretarse. Las nuevas edificaciones no cubrían la demanda. Las migraciones hacia las ciudades, el crecimiento poblacional y la prohibitiva Ley de vivienda, mantuvieron el hacinamiento de distintas generaciones en un hogar.

Al sector poblacional más pobre, no pudiendo entrar en los subterfugios de compras, donaciones y rentas para adquirir una vivienda, solo les quedaba buscar un lugar donde asentarse y montar un rancho.

Los nuevos barrios insalubres se fueron estableciendo en los márgenes de la ciudad, en los límites de los barrios marginales anteriores. El descalabro económico del "Periodo especial" acrecentó estos asentamientos.

Las nuevas zonas marginales que bordean la ciudad de Santiago se iniciaron en los 90, todas asentadas en tierras ociosas propiedad del Estado. Limitan con los precarios barrios heredados por la revolución y que todavía no han podido ser erradicados.

La diferencia fundamental entre ambos estriba en el derecho a la propiedad. Mientras a los primeros se le concede por razones históricas, los recientes son considerados ilegales y no tienen garantías de obtenerla.

Algunos de estos barrios ya tienen más de 30 años, y han sido legalizados, como es el caso del Reparto Van Van, en Altamira (1988), uno de los tantos planes sociales repentinos ideados por Fidel Castro. Aunque no se concluyó, allí conviven edificios multifamiliares con chozas de tablas, y todos tienen la suerte de ser propietarios. Sin embargo, los levantados en las últimas décadas solo son soportados y tímidamente aceptados en las instancias gubernamentales.

Entre los barrios ilegales más conocidos por su extensión y durabilidad están San Pablo 2, El Resplandor y El Chucho, aunque existen otros muchos a lo largo de la periferia citadina. Algunos se ubican en las llamadas "zonas congeladas de no fabricación", espacios interurbanos por desarrollar, reservados para viviendas de personal médico y otros intereses estatales.

La política estatal en cuanto a ellos es ambigua. Se les da el derecho a la instauración de organismos gubernamentales como los CDR, que llevan un registro exhaustivo de los asentados, y la inserción en censos y consejos populares para incluirlos en las votaciones. Recientes infracciones a las regulaciones estatales, que exigen la necesidad de la propiedad, como la instalación de algunos contadores eléctricos y de agua en la barriada de El Resplandor, contribuyen a afianzarlos en la creencia de futuras legalizaciones.

No se les otorga la legalidad, pero se les hace concesiones que los esperanzan. Según un abogado de Vivienda consultado al respecto, "estas personas son ilegales, ha sido política del Estado irle reconociendo las propiedades cuando las hacen habitables, pero esto debe tener un límite porque si no el Estado se verá obligado a reconocerle eternamente a todos los que construyan".

A tenor de estas concesiones se le exige a la comunidad que no debe seguir permitiéndose nuevos asentamientos ilegales, pues los censados serán los únicos que recibirán los "beneficios" que se le vayan dando. Ello ha traído como consecuencia que los asentamientos más recientes, como Los Pies Descalzos del Salao, sean desalojados, aunque según las autoridades, en Cuba no se desaloja, sino que se hace una "extracción con la ayuda de la policía".

Las disparidades en el tratamiento gubernamental entre los asentamientos es otra causa de continuas quejas. Los levantamientos hechos en San Pablo 2, que incluyen ficha técnica de cada vivienda, promesas de entrega de materiales de construcción o entrega de viviendas aún no cumplidas, contrastan con el ostracismo en que se encuentran El Mirador y El Resplandor, contribuyendo a la especulación.

La compraventa es uno de los cambalaches que ocurren en los asentamientos, sobre todo en los que tienen posibilidades de entrega de viviendas. La transacción es a riesgo de los contratantes. Un rancho de tablas de madera valorado entre 10 a 12.000 pesos, duplica su valor a 20.000 ante las expectativas futuras.

Al amparo del limbo legal y la desesperación se extiende el trapicheo.

Recientemente, la edición digital del diario Granma publicó la noticia de la aprobación por la Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba de un plan de "Ordenamiento urbano de la ciudad". El mismo será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, por indicaciones del general Raúl Castro. Tendrá entre sus propósitos la eliminación de los barrios precarios.

Posterior a la destrucción dejada en los inmuebles por el huracán Sandy, se habilitó un plan de construcción y entregas de viviendas, en su mayor parte de edificios multifamiliares, para damnificados. Para ello se recibieron donaciones de materiales de construcción de diversos países, y llegaron brigadas de constructores de Venezuela y Ecuador.

Son conocidas las corrupciones y tráficos ilegales provocados con la entrega de materiales a los damnificados, de los que los barrios ilegales no han recibido nada, a pesar del diagnóstico de derrumbes dado a muchas de estas viviendas.

En el último año se priorizó el traslado a las nuevas edificaciones del precario, aunque legal, barrio de San Pedrito, debido a las exigencias de las remodelaciones de la avenida construida para el cementerio Santa Ifigenia. El traslado implica la pérdida de la propiedad anterior sin amortizaciones. A pesar de que algunos ya habían logrado construir sus viviendas de "placa" tras años de sacrificios. Los nuevos propietarios no disponen todavía de un título de propiedad.

Los barrios marginales ilegales tienen que esperar. Las promesas hechas por funcionarios e inspectores no tienen ubicación temporal. Según un residente de San Pablo 2, "cada 26 de julio aparecen por aquí diciendo que nos toca pronto, pero no acaba de llegar".

Los escépticos creen que con la actual crisis de la economía cubana no se podrá lograr aquello que no se hizo con el apoyo soviético. El reciente plan de ordenamiento urbano renueva las esperanzas. Es un plan a largo plazo, que puede tomar entre 10 y 20 años. Mejora las condiciones de vida, pero no resuelve el hacinamiento de varias generaciones en un hogar, ni plantea soluciones futuras para las nuevas familias que se irán formando.

El actual mercado de precios de las viviendas en Cuba es inaccesible para las mayorías. Acabar con los barrios marginales conlleva el necesario rediseño de una Ley de Vivienda todavía temerosa del mercado y la propiedad, elevar el nivel adquisitivo del cubano y crear formas de financiamiento bancarias. Ello debe pasar por la descentralización de una economía plagada de burocratismo e ineficiencias productivas, la cual demostró en medio siglo de gobierno, que este es un problema más allá de sus posibilidades.

Texto y foto: Lourdes Gómez

Diario de Cuba, 27 de noviembre de 2015.