No existe en La Habana paisaje más exótico -para agasajo de la opinión pública internacional procastrista- que aquel donde los ciudadanos cubanos recrean, apilados en aceras y rellanos de La Rampa, un "simulacro de conexión masiva" a internet. La Rampa, ayer considerada entre los sitios emblemáticos del Vedado, es hoy una de las 35 zons de conexión WiFi, al aire libre, aprobadas por el régimen del general Raúl Castro.
Este panorama, deprimente e irrespetuoso por su trasfondo político, más que publicitario, es otro guiño de un régimen totalitarista al mundo democrático mientras impone rigurosos mecanismos de control y censura a la sociedad civil. Por un lado, el régimen cubano se vanagloria de haber fundado una Universidad de Ciencias Informáticas y a un mismo tiempo hace que el país ocupe el puesto 129 -según informe reciente de la Unión Internacional de las Comunicaciones- en acceso de sus ciudadanos al uso de las tecnologías y la información.
En todas las aproximaciones o estudios que han intentado definir y establecer las pautas de la democracia, existe un denominador común: esta solo es posible (o se alcanza) a través de una sociedad civil organizada, activa y empoderada. Es decir, la sociedad civil es quien garantiza, por extensión, el ejercicio de los derechos humanos. Y para ello es imprescindible el ejercicio de la libertad de información.
El concepto primario de información recoge que esta deviene en "un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. A su vez, la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del conocimiento".
Por otro lado, se asume que el derecho de la información es "el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la tutela, reglamentación y delimitación de derecho a obtener y difundir ideas, opiniones o hechos noticiables".
Ambas concepciones están vinculadas a la libertad o derecho de asociación -"facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos y propósitos lícitos"- y a la pluralidad de espacios de opinión pública.
Zulemis Izquierdo, graduada en lenguas extranjeras y actualmente guía turística en el sector privado, considera que "Si no tienes libertad de asociación, es imposible entonces hablar de la existencia de una sociedad civil organizada que pueda exigir acceso a la información y al conocimiento para su empoderamiento. El Estado sigue aferrado a un control muy fuerte que fiscaliza casi totalmente los espacios de la vida social. La única autonomía del cubano es su capacidad de resistencia para la consecución de sus necesidades económicas. Sin importar de cuánta tecnología disponga un ciudadano, el acceso a la información continúa siendo sumamente restringido dentro de la Isla".
Para Eduardo Lobaina, artista plástico independiente, "la primera causa de la desinformación ciudadana" es no saber precisamente, qué es sociedad civil, "ni cuáles son las potestades que le corresponden al ser un sujeto activo de esta". Y completa su opinión: "El autor y único beneficiario en esta histórica desarticulación de nuestra sociedad civil es el gobierno. A través de sus instituciones culturales, de enseñanza y de las organizaciones de masas, se esforzó siempre en dividir a la sociedad cubana. Con ello logró contraponer a sus ciudadanos en un juego de vigilancia mutua, y coartar de esta manera el tiempo libre -origen y sostén de la calidad de vida- para la búsqueda de herramientas que les permitiera, tanto el acceso a la información como las vías de formación de un conocimiento crítico en pos de un individuo más autónomo en sus decisiones políticas, sociales y culturales".
Los nuevos escenarios de acceso a internet -que muchos consideran como únicos pasos concretos aprobados por el régimen después del 17-D en este sentido- incluyeron la implementación de redes WiFi, la rebaja de las tarifas de conexión a internet (desde 4,50 a 2,00 cuc la hora) y el restablecimiento del correo postal directo con Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de estas aperturas ha significado un crecimiento en el acceso a la información y al conocimiento de los ciudadanos cubanos.
Caridad Fernández, anestesióloga, argumenta que resulta imposible sostener esa idea de que las personas que acceden a internet -con las tarifas establecidas por el monopolio de las telecomunicaciones, ETECSA- navegan en busca de lo que se entiende como información y conocimiento. "Aun cuando las tarifas disminuyeron, éstas siguen estando reñidas con el bolsillo ciudadano. Sin querer pecar de absoluta, se puede decir que para los cubanos internet se resume en redes sociales para comunicarnos con familiares y amigos, o en hallar relaciones que resulten en un billete de avión con destino a donde sea. Es decir, es más una forma de evasión y entretenimiento que de indagar, superarse e informarse en cualquier sentido".
Las tarifas actuales de la telefonía móvil, donde se incluye el servicio de correos Nauta, distan de ser un "precio de pueblo". Las llamadas nacionales tienen un costo de 0,35 cuc y las internacionales oscilan entre 1,60 y 1,80 cuc. Para los SMS la tarifa nacional es de 0,09 cuc, mientras la internacional llega a 1,00 cuc, siempre que no excedan los 20 caracteres.
Los últimos datos actualizados por el sitio de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2013, indican que el salario promedio en Cuba es de 471 pesos (cup), equivalente aproximado a 20 cuc.
Pero ninguna tecnología, por sí misma, "garantiza la existencia de una conectividad o navegación óptima, pues también es importante la comprensión de esas tecnologías", como advierte Camilo Arencibia, que dice ser graduado en Ciencias Informáticas aunque "su giro actual" es la organización de eventos VIP privados.
"La información también hay que aprender a interpretarla y a usarla, porque es abrumadora. No en vano la gran batalla en internet, apenas perceptible, no implica solo alcanzar una seguridad informática a prueba de hacker, sino en cómo posicionarte en el menor tiempo posible. Debido a estos desconocimientos el individuo promedio tarda más tiempo en encontrar la información y los materiales de su interés. Si a todo esto agregamos que la conectividad pública es pésima y la tarifa carísima, se puede deducir que resulta imposible que ningún cubano pueda utilizar internet para buscar información o conocimiento que le permita mejorar su calidad de vida", afirma Arencibia.
El anuncio, en enero de 2013, de la ampliación del servicio de acceso público a internet con la instalación del cable de fibra óptica submarino Alba 1, tampoco significó un acceso masivo a la información. En mayo de ese año, el Ministerio de Comunicación e Informática emitía una declaración que, en resumidas cuentas, ha sido la política del régimen respecto al acceso ciudadano a la información por más de cinco décadas: "No será el mercado quien regule el acceso a la información en nuestro país. Nuestro modelo se basa en los principios de una sociedad justa e inclusiva".
Más que una declaración, se trata de una advertencia que aún está vigente. Para el régimen, "el mercado" es una metáfora donde suele incluir, indistintamente, al neoliberalismo, la globalización y a todo lo que considera una amenaza para su particular modelo de revolución socialista. Por otro lado, la prensa controlada por el régimen solo publica aquellos pactos exitosos que responden a los intereses, al control y la censura del Partido Comunista sobre la sociedad civil. Ejemplos de ello son los acuerdos suscritos en 2015 entre ETECSA y dos compañías norteamericanas: Domestic Telecom Inc (IDT) y Sprint Communications Company LP.
Sin embargo, no informa al pueblo, con detalles, cuando se trata de propuestas que tendrían un beneficio e impacto más directo en la sociedad civil, como fueron la declinación de las ofertas de la iniciativa Project Link de Google para solucionar -"de forma gratuita y en corto plazo"- la baja conectividad a internet de la Isla, y establecer centros comerciales para comercializar equipos de comunicaciones de última generación. Estas iniciativas de Project Link tuvieron impactos socioeconómicos sustanciales en naciones africanas como Uganda y Ghana.
El 5 de febrero de 2015 colapsó el servidor central del país, ubicado en Buena Vista, en el municipio habanero de Playa. Según explicaron entonces funcionarios de ETECSA, esto se debió a una "mala manipulación del sistema por parte de sus técnicos"; pero se negaron a ofrecer declaraciones sobre la investigación abierta al respecto, y tampoco supieron explicar el por qué, desde el 10 de diciembre anterior a esa fecha, los ciudadanos no podían acceder a las redes sociales.
En marzo de 2015, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones e Informática, negaron el rumor de que el servicio ADSL -línea independiente de voz y datos con capacidad de conexión de 256 kbs- "se estuviese ofertando a las cooperativas del sector privado", agregando que "hasta este momento no se ha regulado, para particulares, proveer o prestar servicio de internet bajo ningún concepto. Solo a ciudadanos asociados a proyectos avalados por instituciones estatales", como el caso del Estudio Romerillo, propiedad del artista oficialista Alexis Leyva Machado, más conocido por Kcho.
En mayo de 2015, el portal Cubarte, perteneciente al Ministerio de Cultura, se negó a informar a sus usuarios sobre la brecha de seguridad en sus servidores, que resultó en que centenares de emails privados estuvieron expuestos a la vista pública en internet. Ante el hecho en cuestión sus funcionarios evadieron otras explicaciones respecto a la naturaleza del fallo, y agregaron que cualquier declaración "era autoridad de la oficina de Seguridad Informática", que es en realidad el Equipo de Respuesta a Incidentes Computacionales en Cuba.
Los ejemplos anteriores desmontan cualquier criterio que suponga la creencia de que en Cuba existe la infraestructura tecnológica para asumir la demanda ciudadana. En febrero de 2016, directivos de ETECSA afirmaban que las tarifas se establecen "según los niveles de tráfico que es capaz de soportar la red móvil y de datos y que sería irresponsable disminuir drásticamente los precios y colapsar el servicio". Incluso la "mejoría significativa en el ancho de banda" en ministerios como Educación, Salud Pública y Justicia, así como la Fiscalía General de la República, no significaron avances en el acceso ciudadano a la información.
Otro ejemplo que reafirmaba el atraso de Cuba en este campo fueron las declaraciones del director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Turismo (MINTUR), Pavel Pavón Vargas, en la tercera edición del Congreso Internacional de Negocios y Tecnología para el Turismo, celebrado en Mérida, México, en diciembre de 2015. Allí Pavón Vargas reconocía que, no obstante ser el turismo el primer renglón en la economía cubana, la infraestructura del MINTUR "continúaba anclada a la web 1.0".
La Biblioteca Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución, se considera como "la única institución adecuada para llevar a la práctica la tarea de compilación y archivo sistemático de todo cuanto se publica en el país". ales, así como las que se publican en el extranjero por autores cubanos”.
Oscar Javier Sanabria, joven que renunció a culminar el servicio social en la especialidad de química para dedicarse al negocio de la renta de viviendas a extranjeros, cuestiona que ni siquiera la Biblioteca Nacional tiene la infraestructura y el soporte tecnológico para asumir la demanda que suponen su misión y función. "Después de su última remodelación, en la Sala General se ofertaba el servicio de navegación de internet, pero este dejó de funcionar apenas un año después por problemas tecnológicos", explica Sanabria.
Yordanka Ledesma, diplomada en maquillaje y cosmética internacional, agrega que no existe mucha información sobre bibliotecas independientes como alternativa para la búsqueda de información. Las que apenas se conocen están relacionadas con la disidencia y son muy vigiladas y hostigadas por la Seguridad del Estado. Por otro lado, la opción de acudir a las embajadas que ofrecen servicio de acceso a internet para ciudadanos cubanos es igualmente problemático porque están consideradas por el Gobierno como "no muy amistosas".
Las embajadas de República Checa, Suiza y Estados Unidos regularmente ofrecen servicio gratuito de navegación por internet, acceso a publicaciones especializadas restringidas a la sociedad civil y talleres relacionados con el uso de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, el temor ciudadano obedece a la posible aplicación de la Ley 62, que pena con privación de libertad delitos relacionados con la circulación de información y uso de las nuevas tecnologías. El artículo 103 (propaganda enemiga) condena entre uno y hasta 15 años a quien "confeccione, distribuya o posea propaganda contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista". El artículo 210 (clandestinidad de impresos) condena hasta un año a quien "confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte".
Yoel O’Farrill, licenciado en contabilidad que ejerce en el sector privado como tenedor de libros, fundamenta que los canales alternativos son los que posibilitan el acceso a la información, en tanto "el Estado no cuenta con una plataforma estructural" para soportar las actuales demandas de la telefonía móvil prepago. "Esta realidad se evidencia en las constantes interrupciones del servicio de correo electrónico Nauta, y en la deficiente conectividad tanto en las salas de navegación como en la conexión WiFi. En mi criterio, los canales alternativos para acceder a cualquier tipo de información seguirán siendo las que ofrece El Paquete y La Antena", aclara Yoel.
El Paquete es un sistema de distribución de contenido digital en el mercado negro, que ha permitido que muchos cubanos tengan acceso semanal a un menú de películas, programas de televisión y archivos de portales digitales que son comercializados "a precio de pueblo", puerta a puerta usando discos duros. La Antena, a un costo mensual de 5,00 cuc, es la captura de la señal de los canales miamenses. A pesar de que ambos servicios son ilegales, el régimen se ve obligado a hacerse la vista gorda en tanto ha devenido en fenómeno masivo, aunque de tiempo en tiempo lo reprime.
Según Yoel, existen también otras variantes, como subarrendar una cuenta con dominio Enet a 15 cuc por 50 horas. "Solo que tendrías que tener la gran suerte de encontrar un extranjero que tenga el contrato por cuenta postpago", reconoce. "Y, aunque la conectividad es lenta, la comodidad es que tienes el servicio en la casa. También está el recién estrenado proyecto Apretaste que consiste en enviar un email y en el asunto pones la información que buscas y a vuelta de correo te llega toda la información del tema comprimida. Del lobo, un pelo".
Un editorial de The New York Times, publicado el 30 de noviembre de 2015, aseguraba que "millones de cubanos podrían tener acceso a internet a un precio moderado en cuestión de meses. Lo único que mantiene a Cuba en las tinieblas de la información, en plena era digital, es la falta de voluntad política".Es precisamente al conocimiento y a la información en poder de la sociedad civil a lo que teme el régimen controlado por Raúl Castro.
En su totalitarismo, ni siquiera vislumbran el riesgo de ignorar las advertencias de El cambio de poder, del escritor Alvin Toffler (Nueva York, 1928), publicado en 1990 sobre la emergencia de lo que su autor llamaba "capital simbólico" en referencia a la información y el conocimiento.
Advertencias que además de vigentes son aplicables, en alguna medida, a la realidad cubana: "Una potencial pesadilla a la que los gobiernos de países con alta tecnología se enfrentan se deriva de la división de las poblaciones en inforricos e infopobres. Cualquier gobierno que deje de tomar medidas concretas para evitar esta división está buscando que se produzcan convulsiones políticas en el futuro".
Lucía Corrales
Diario de Cuba
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