Nueve de la mañana en La Habana. Llueve a intervalos, los charcos y el barro se acumulan en la calle y el calor provoca que las personas siempre tengan el ceño fruncido.
Registro Civil del municipio Cerro. Afuera, una decena de hombres y mujeres mosqueadas, tensas y con mal talante que ni siquiera atinan a responder un cortés saludo de Buenos días.
Una mujer gorda, a quien al parecer la prisa no permitió arreglarse, abre las puertas de un local descorchado, empercudido y con un lamparón húmedo en paredes y techo que delata filtraciones de agua.
Los notarios y trabajadores acomodados en viejas butacas giratorias de madera revisan con calma en anacrónicos archivos metálicos. Una empleada corpulenta, con un tono cuartelario, anuncia al público: “Hoy solo trabajamos hasta las doce de día, pues mañana, 8 de junio, es el día del jurista”.
“Pero si el día del jurista es mañana, por qué hoy solo trabajan media jornada”, pregunta un señor canoso en la cola. “Son las disposiciones”, responde, y fulmina al ciudadano con una mirada que mete miedo.
Aunque se supone que estamos en el siglo XXI, esta institución estatal aun parece anclada en los años 50 del siglo XX. Aquí usted no ve un ordenador y si tienen conexión a internet no está a la vista del público.
Obtener un certificado de nacimiento puede demorar de quince días hábiles a un mes. Y si no aparece, debes peregrinar por todos los Registros Civiles de La Habana en su búsqueda.
Olga Lidia, funcionaria, alega que la informatización en los archivos de los Registros Civiles marchan a paso de tortuga. “Los nacidos después de 1980, parcialmente, tienen sus datos computarizados. Los que nacieron entre 1940 y 1970 es difícil, de manera manual, encontrar sus certificados de nacimiento si no se tiene el tomo y folio”.
Las causas son variadas, ningunas imputables al usuario. El culpable de ese colosal disparate burocrático es el régimen de Fidel y Raúl Castro.
En el Registro Civil de Puentes Grandes, al oeste de La Habana, un incendio provocó el cierre del local. En el del Cerro, muy cerca del hospital Covadonga, las condiciones de trabajo son pésimas.
Las filtraciones han deteriorado miles de papeles y documentos. Los salarios son bajos, el personal no tiene almuerzo y los destartalados ventiladores chinos no amortiguan el espantoso calor.
“Pero en vez de quejarse a su organismo superior, el disgusto de estos burócratas lo paga el público, al que atienden mal, como si uno fuera el culpable. Y todos saben quién es el culpable del desastre nacional, pero nadie quiere señalarlo en voz alta”, comenta una señora que dice llevar año y medio haciendo gestiones para legalizar su vivienda.
En un país donde el exceso de control ciudadano no es un déficit, llama poderosamente la atención la pérdida de tiempo de los cubanos para efectuar un trámite legal, por simple que sea.
“Los ciudadanos no debieran demorar varios meses para realizar un trámite, porque el Ministerio del Interior todo lo tiene controlado. Bajo su responsabilidad tienen, entre otros, el Carnet de Identidad, los Pasaportes y la Dirección Nacional de Identificación. Además, fiscalizan el Registro de Direcciones, a cargo de los CDR en todas las cuadras de los 168 municipios existentes en Cuba. Lo ideal sería que cada cubano, en su carnet de identidad, tuviera los datos necesarios para cualquier gestión legal”, explica un notario.
Entidades comerciales como ETECSA, el monopolio de las telecomunicaciones en la Isla, a sus clientes exige una serie de documentos legales para mantener el servicio de telefonía fija.
“Existe un grupo de instituciones, como el Instituto de la Vivienda o la OFICODA, la oficina donde se registran los consumidores de las libretas de racionamiento, que no tienen sentido en Cuba. Esos papeles que pide una empresa que presta servicio comercial como ETECSA está fuera de sus funciones. El Estado debe garantizar otros mecanismos más efectivos. Ese exceso de control y documentación legal para cualquier trámite ocasiona corrupción y molestia ciudadana”, acota Diana, abogada de un bufete al sur de la capital.
Poner el teléfono o una casa a nombre de un nuevo propietario, obtener una licencia para hacer arreglos en tu vivienda o legalizar un terreno, en el mejor de los casos, genera varios meses de gestiones y decenas de horas innecesariamente perdidas haciendo cola.
"Ni pagando con moneda dura por debajo de la mesa consigues que se agilice el papeleo", confiesa una enfermera que acaba de regresar de una misión médica en el exterior.
En 1966, el cineasta Tomás Gutiérrez Alea dirigió el filme La muerte de un burócrata, una sátira sobre la absurda gestión que se ve obligada a hacer una viuda para cobrar la pensión de su esposo fallecido.
Cincuenta años después, un extranjero se reirá por lo surrealista del argumento. Un cubano constatará que a pesar del tiempo transcurrido, la realidad ha logrado superar a la ficción cinematográfica.
Iván García
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