En Cuba las vacas tienen más protección que las personas

En los meses de noviembre y diciembre de 2011 participé como espectadora en dos juicios celebrados en el Tribunal Provincial de La Habana, ambos seguidos por delitos de asesinato. En el primero, el 28 de noviembre, asesoraba juridícamente a la familia de los acusados, seis marginales de Mantilla, una barriada pobre de Arroyo Naranjo donde nací, crecí y vivo.

Fueron juzgados por el homicidio de un joyero. Las principales evidencias, huellas de olor encontradas en las sogas con que amarraron a las víctimas. Aunque fueron sólo dos los atacantes, la fiscalía pide entre 18 y 30 años de privación de libertad, para todos.

El orfebre murió después de la huida de sus agresores con joyas y dinero. Su esposa le dio dos pastillas, que éste se las tragó pese a tener fractura en el cartílago toroide (nuez de Adán). El médico forense no asistió al juicio, pero en su informe certificó que fue violentamente asfixiado.

Estos detalles ‘insignificantes’ no llamaron la atención del Tribunal. Por el contrario, puso especial interés en los antecedentes penales de los acusados. Ninguno antes había matado, pero con ese historial delictivo, eran 'proclives a matar', que es tanto como decir culpables.

El 13 de diciembre se celebró el otro juicio. En esa ocasión asesoraba a la familia de la víctima, también de Mantilla. Amado Interian, un ex oficial de la policía disparó a Ángel Izquierdo Medina, un niño de 14 años. El hecho conmocionó a la comunidad. Cuatro testigos estaban presentes cuando apretó el gatillo. Aún así, la fiscalía solicitó sólo 17 años de cárcel.

“Eso no es asesinato, fue un simple homicidio”, decía su abogado defensor. Cosa fácil de demostrar con el certificado del Instituto de Medicina Legal. El proyectil penetró por el glúteo izquierdo, atravesó el riñón, la arteria aorta, el pulmón derecho y salió por el hombro. Pero según el dictamen de Medicina Legal, la causa de la muerte fue “anemia aguda”.

Otra vez el tribunal puso especial interés en los antecedentes del acusado. Los 30 años de servicios cumplidos por el ex oficial en el cuerpo policial, aminoraron el hecho de disparar contra tres adolescentes negros, encaramados en una mata de mamoncillo.

Los familiares de Ángel me preguntaron si podían apelar. La decisión depende de la Fiscalía, que supuestamente representa a la víctima. Ellos tienen razón y es muy triste. En Cuba, las vacas tienen más protección del Estado que una persona.

“¿Qué más se puede hacer?”, me preguntan las madres de aquellos seis hombres encarcelados y la familia del adolescente asesinado. Tener fe y paciencia. Sigamos clamando a la Señora Justicia, representada con los ojos vendados, la balanza en una mano y la espada en la otra.

Seré hipócrita, me pregunté, ¿pedirle a esas madres que tengan fe, cuando yo hace rato la perdí?. Sentí vergüenza de ser abogada. Comprendí por qué a veces lloro de impotencia y otras no puedo dormir.

Es difícil para mí decir que la suerte de salir absuelto o condenado depende de si vives en un barrio marginal, si eres negro y pobre, si tienes amigos poderosos o suficientes pesos convertibles para pagar un letrado que gestione la benevolencia del Fiscal y del Tribunal y no un simple abogado defensor.

Aquellos dos juicios me dejaron angustiada y con la certeza de que todos en este país corremos riesgos. No hace falta ser disidente. Cualquiera está expuesto a procedimientos judiciales donde no se respetan las más mínimas garantías procesales.

Laritza Diversent

Foto: jc7090, Panoramio