La política de Estados Unidos hacia Cuba vuelve al debate. La disidencia cubana se divide fundamentalmente en los que están a favor y en contra del embargo. Cada cual aporta sus razones, pero pocos toman en consideración la ventaja que representaría la eliminación de esta medida en la preservación de su libertad personal.
Es difícil que un disidente ignore la vigencia de la Ley Mordaza, la No. 88, que protege “la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”. La norma que sanciona los “hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica”.
Significa esto entonces que la eliminación de la ley Helms-Burton dejaría sin fundamento la norma que considera toda declaración o actividad que cuestione las políticas comunistas dentro de la Isla, como subversiva y perturbadora al orden público, promovida y estimulada por el gobierno de Estados Unidos.
Acciones tan sencillas como hablar por teléfono con la emisora radio Martí, reportar un hecho acontecido dentro de la isla, opinar sobre políticas gubernamentales, publicar en un diario extranjero o participar en una manifestación pacífica, son causas suficientes para sufrir entre 2 y 15 años de prisión o multas entre 50 mil y 250 mil pesos.
La sanción puede aumentar hasta 20 años, entre otros motivos, si se utilizan o aceptan recursos financieros procedentes del país norteño, o las autoridades cubanas consideran que el hecho puedo causar perjuicios a la economía nacional; o si el gobierno estadounidense adopta represalias contra entidades, cubanas o extranjeras, o contra alguno de sus dirigentes o familiares.
Al parecer, el tiempo que sufrieron prisión 75 disidentes, víctimas de la aplicación de esta Ley, no ha sido suficiente, para entender que es el momento de tomar decisiones sobre el embargo, pensando en el pueblo cubano y no en el gobierno. Se agradece la presión y solidaridad internacional a favor de los presos, pero eso no evitará que en el futuro más disidentes sufran cárcel por el mismo motivo.
También hay sanciones para aquéllos que distribuyan medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes de Estados Unidos, incluyendo los europeos que se solidarizan con la oposición y que, según el gobierno cubano, también contribuyen con la política norteamericana.
El caso de Alan Gross demostró que, incluso activistas de los derechos humanos, corren riesgos cuando entran en la isla para ayudarnos. No comprendo las posiciones encontradas. ¿Será que hacen falta más presos?
Puedo entender que los que están fuera deseen con ansias la llegada de la democracia a Cuba, e incluso que resulta fácil pedir un reforzamiento de las medidas del embargo, si no es uno el que arriesga el pellejo.
A quienes no comprendo son a los que están adentro y piden lo mismo. ¿Será que quieren convertirse en héroes?
En lo personal, prefiero la libertad en todo el sentido de la palabra y la posibilidad de estar presente cada vez que mi hijo me necesite.
Laritza Diversent
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