Cuidados a tener con la Constitución de 1940

La necesidad de crear un marco legal adecuado, para los primeros meses de una Cuba post castrista, ha sido reconocida por muchos exiliados cubanos desde hace ya mucho tiempo.

La referencia que siempre ha existido para ese marco legal es la famosa Constitución de 1940, una carta magna que, como su nombre indica, ya cuenta con las no despreciables cifras de 83 años de edad y ninguna enmienda.

Ese largo período de tiempo transcurrido desde su aprobación, y la enorme cantidad de cambios profundos que Cuba ha sufrido durante el mismo, indican que esa Constitución requiere de muchas enmiendas antes de poder ser usada como una referencia legal válida o funcional.

La observación anterior resulta evidente e inobjetable para cualquier cubano interesado en el bienestar de Cuba y no en la imposición de sus propias opiniones. Hace unos meses, por ejemplo, y durante mi última visita a La Florida, fui invitado a expresar mi apoyo a una hoja de ruta que pide, entre otras cosas, el uso de la Constitución de 1940 como una referencia legal durante los primeros meses del post castrismo.

Recuerdo que ese documento fue bien discutido, o conversado, entre algunos de los firmantes. Una de las ideas que se discutió fue que muchos artículos de la Constitución de 1940 requerirían ser cambiados, o enmendados con antelación, para poder adaptarlos a la actual situación cubana. El artículo que más se discutió fue el 99 y, sobre todo, su inciso “a”, que es el que niega el derecho a votar en las elecciones a los asilados cubanos.

Uno de los argumentos esgrimidos fue que, en el momento en el que se escribió esa Constitución, Cuba tenía una balanza migratoria positiva, y el escaso desarrollo de las comunicaciones no permitía establecer el voto a distancia. Hoy en día, sin embargo, una buena parte de la población cubana vive fuera del territorio nacional, considera que debe tener derecho al voto en una Cuba post castrista y sabe, además, que eso no es muy difícil de implementar en la práctica. Con todo eso en consideración, es mucho más sabio y justo reconocer, dijeron algunos de los firmantes, que ese artículo debe ser enmendado antes de usar la Constitución de 1940 como un marco legal para la Cuba del post castrismo.

De más está decir que las personas que crearon esa hoja de ruta para la transición cubana entendieron perfectamente la necesidad de esa enmienda, y en ningún momento intentaron imponer criterio alguno. Todo lo contrario, reconocieron que es verdad que hay artículos que hay que enmendar y, en consecuencia, hicieron las modificaciones correspondientes al documento que muchos terminamos apoyando con nuestras firmas. Después, en conversaciones con líderes del exilio histórico en los Estados Unidos, recibí opiniones similares.

Recientemente, sin embargo, he observado en las redes sociales el surgimiento de una algarabía (por no decir histeria) que demanda la imposición, sin enmiendas previas, de la Constitución de 1940 como un requisito indispensable para el derrocamiento del castrismo, y como una referencia cuasi sagrada para la Cuba post castrista.

Varias cosas me han llamado la atención de esa algarabía; una es la enorme cantidad de cuentas anónimas que la promueven, otra son la virulencia de sus ataques ad hominem contra las personas que se atrevan a expresar cualquier duda sobre ella y, la más llamativa, es esa relación absurda que ha decidido establecer entre las ideas de izquierda y el rechazo al uso indiscriminado de una Constitución, la de 1940, que está plagada de ideas de izquierdas.

Hay mucha ignorancia —demasiada, diría yo— en semejante contrasentido. Tanta ignorancia, que se impone escribir un grupo de aclaraciones. Sobre todo, para esas personas que viven dentro Cuba y que, por su escaso acceso a la información, pueden ser engañadas y manipuladas por politiqueros inescrupulosos en el exilio.

La Constitución de 1940 surgió en un momento de máxima cooperación entre las democracias liberales y el Socialismo internacional (o estalinismo de la época). En contra de lo que muchos creen hoy, esa carta magna de Cuba fue el producto de un pacto entre Stalin y Roosevelt. Una alianza que en el contexto cubano se tradujo en un matrimonio de conveniencia entre Fulgencio Batista y los socialistas cubanos.

Al mismo tiempo, esa Constitución fue concebida en un momento en el que los Estados Unidos estaban siendo asolados por las políticas filo-socialistas de la administración Roosevelt. Una época en la que una buena parte de este mundo ignoraba, o insistía en ignorar, el carácter esencialmente criminal de las ideas socialistas, y la enorme capacidad empobrecedora de las intervenciones estatales en la vida económica de las naciones.

Fue por eso que la Asamblea Constituyente de 1939, que fue la encargada de discutir y redactar la Constitución de 1940, estuvo plagada de socialistas cubanos que intentaron, tanto como les fue posible, crear un documento que les sirviera para adelantar su ideología y, sobre todo, para darle un poder exagerado al Estado sobre la vida de sus ciudadanos y así reducir los derechos y las libertades individuales.

Blas Roca Calderío, Salvador García Agüero, Juan Marinello, Romárico Cordero, César Vilar y Esperanza Sánchez Mastrapa, fueron algo más que seis socialistas asistiendo a un foro de políticos liberales. Fueron seis voces que no dejaron de formar su algarabía (por no decir histeria) para imponer una buena parte de las ideas que les convenía imponer.

Esa es la razón por la que, ya desde su primer artículo, la Constitución de 1940 declara como parte esencial de la nación cubana “la justicia social”, “el bienestar colectivo” y “la solidaridad”. Conceptos ambiguos que vistos en sus significados inmediatos son muy positivos y loables; pero que, vistos desde la retórica ideológica de los socialistas, se prestan para crear ese estado de quejas interminables, por objetivos indefinibles e inalcanzables, que los socialistas siempre usan para sembrar la discordia y destruir a las democracias.

Es importante, entonces, evitar que una Constitución como la de 1940, que nació permeada por un grupo no despreciable de ideas de izquierda, pueda ser usada como un vehículo de protección del castrismo en la Cuba post castrista. Para entender y aceptar eso hay que, necesariamente, hacer algunas aclaraciones.

En estos momentos, el castrismo puede tener varios planes que ha ido desarrollando en paralelo, o sin interferencias de unos con otros. Ahora mismo, mientras el castrismo desarrolla un plan de represión brutal contra las próximas protestas en Cuba (estilo Siria), también puede estar desarrollando, en paralelo, un plan de cambio-fraude que en nada interfiere con el desarrollo de otro plan, también en paralelo, encaminado a evitar las represalias contra los castristas en una Cuba post castrista e, incluso, a usar la democracia que llegará a Cuba eventualmente para lograr el regreso al poder de los castristas.

Hay que recordar, por ejemplo, que los Sandinistas perdieron el poder y, sin embargo, años después se las arreglaron para usar los mecanismos democráticos, y las elecciones, para regresar a un poder que terminó destruyendo, de una vez y por todas, y con el beneplácito de la izquierda estadounidense, cualquier vestigio de democracia en Nicaragua.

En el contexto de una Cuba post castrista es importante, entonces, evitar que el uso de la Constitución de 1940, sin enmiendas previas, pueda servir como vehículo legal para la inmunidad de los castristas y, sobre todo, para su regreso al poder de una forma similar a la que usaron los sandinistas en Nicaragua.

Eso requiere, de manera inevitable, actuar proactivamente para enmendarle a la Constitución de 1940, con antelación, todos esos artículos que puedan interferir con el desarrollo económico de Cuba y con el bienestar de los cubanos. La razón de esas enmiendas proactivas es que para los socialistas “bienestar” es una mala palabra, y pobreza es el caldo de cultivo en el que ellos crecen descontroladamente. También hay que enmendar de antemano, claro está, todos los artículos de esa Constitución que puedan servir de refugio y protección legal a los criminales castristas.

No soy abogado o jurista, carezco de esa formación y creo que deben ser las personas especializadas en esa área del saber las que se encarguen de analizar y enmendar la Constitución de 1940, ya sea a partir de las consideraciones anteriores o de otras que puedan surgir. Hay, sin embargo, artículos de ese documento que no hace falta ser abogado para entender que deben ser enmendados. Uno de ellos es el artículo 99 en su inciso “a”, que es el que prohíbe el voto a los asilados cubanos.

La razón de esa enmienda tan necesaria es que la Cuba del post castrismo será una nación con una buena parte de su población fuera del territorio nacional, con la mayor parte de su capital humano no envejecido viviendo en otros países, con una fracción importante de su capital financiero allende los mares, con casi todos sus técnicos actualizados desperdigados por el mundo, y con el cien por ciento de su ciudadanía con experiencia democrática y empresarial bajo la categoría de emigrante.

La Cuba del post castrismo no puede darse el lujo de excluir a esa parte de su población del proceso de reconstrucción de la nación cubana. No darle derecho al voto a esos cubanos, en los primeros tiempos de la transición, porque así lo dice un documento del año 1940, es excluir de la transición a esos que más y mejor pueden hacer por esa población mermada, envejecida, desinformada, y empobrecida, que inevitablemente el castrismo dejará como herencia.

El artículo 9 en su inciso A también debe ser enmendado si justifica la existencia del infame Servicio Militar Obligatorio. Una institución absurda cuya implementación no está justificada, y que solo sirve para restarle a la economía cubana una parte de su fuerza de trabajo joven. Esa mano de obra será esencial en el contexto de una reconstrucción post castrista y debe ser liberada de las garras del ejército.

Igual, el Artículo 13, en su inciso b, no reconoce la doble ciudadanía, algo que hoy en día es muy común en la inmensa mayoría de los países democráticos. No enmendar de antemano ese artículo sería alienar de la transición a muchos cubanos que, después de décadas disfrutando de libertades democráticas, en países que aceptan sin problema alguno la doble ciudadanía, verían como injusto el mantenimiento de esa imposición. Al mismo tiempo, la aceptación de la doble ciudadanía daría a los exiliados que decidan regresar a Cuba, para ayudar durante la transición, la protección legal de sus países de acogida, algo para nada despreciable en el contexto casi siempre caótico de las transiciones.

Por último, es importante recordar que si algo ha caracterizado a Cuba durante los más de sesenta años del despotismo castrista es, precisamente, la ausencia de un sistema judicial no ya independiente del poder ejecutivo, sino incluso medianamente funcional. La inmensa mayoría de los abogados, jueces y fiscales de la Cuba de hoy necesitarían un largo período de reeducación, y de reevaluación, antes de poder ser aceptados como tales en una sociedad democrática.

El resultado de eso es una serie de preguntas para las que hoy por hoy no tenemos respuestas viables. ¿Quiénes serán los encargados de aplicar esa sagrada Constitución de 1940? ¿Los antiguos represores castristas disfrazados de abogados, jueces y fiscales? De ser así, ¿qué garantía existe de que esos antiguos represores no favorezcan en sus decisiones legales a sus antiguos amos? ¿Durante la crisis transitoria del sistema judicial cubano, que inexorablemente ocurrirá, seguiremos aplicando sin enmiendas una Constitución que dice en su artículo 27 que, “todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su detención”? ¿No favorecerá eso a los antiguos represores y asesinos castristas? ¿No sería mejor enmendar la Constitución de 1940 para adaptarla cuanto más se pueda a las condiciones extraordinarias de la Cuba del post castrismo?

Todas esas preguntas, y muchas otras más que empezarán a surgir cuando los verdaderos conocedores de este tema empiecen a tratarlo, merecen y requieren ser discutidas en un diálogo civilizado, sin golpes de pecho, sin algarabías innecesarias (por no decir histerias) de politiqueros inescrupulosos y, sobre todo, sin acusar de ser de izquierdas a esos que se nieguen a aceptar, sin enmiendas, una Constitución que nació profundamente penetrada por las ideas de izquierda.

César Reynel Aguilera

Texto y foto: Blog Aguilera, 4 de mayo de 2023.

Cuando Cuba era de azúcar

La dulce caña de azúcar fue uno de los tantos cultivos que los españoles introdujeron en América. Con anterioridad habían expandido su siembra en las Islas Canarias. Con ello no solo diversificaron los productos de consumo local sino además, aprovecharon las magníficas condiciones naturales que estas islas tenían para su cultivo, convirtiéndolo en una oportunidad de desarrollo económico inestimable.

A mediados del siglo XVI ya se producía azúcar en Cuba, aunque durante los primeros 200 años se destinó al consumo interno. Fue en la segunda mitad del XVIII que comenzó el monocultivo del azúcar en la Isla, favorecido por la posibilidad de comercio con todos los puertos españoles y el mercado internacional que ocupó tras la revolución haitiana.

En consecuencia, desde el siglo XIX, el azúcar alcanzó un papel preponderante en la planificación de la economía cubana y en toda su infraestructura. Hacia 1870, dominaba casi un tercio del mercado mundial. En 1954, la industria azucarera representaba el 40% de la producción agrícola nacional, el 88% de las exportaciones y el 32,5% de los ingresos del país. Entonces tenía 161 ingenios activos y 26 refinerías, una red ferroviaria privada de 8.000 km, y una capacidad total de almacenamiento de más de 300 millones de galones de mieles y 32.514.000 de sacos de azúcar en 200 almacenes. Había, además, siete casas exportadoras con agentes en todo el mundo.

El privilegiado monopolio de este cultivo continuó después del triunfo revolucionario, cuyo Gobierno fundó en 1964 un ministerio para el azúcar que administró y planificó su producción hasta 2011. De esta forma, a pesar de las fluctuaciones, la producción se mantuvo en ascenso hasta bien avanzado el siglo XX: de las 340 toneladas producidas en 1760, en 1894 se alcanzaron 1.054.214 toneladas; en 1952, 6.554.830 toneladas; y en 1989, 8.100.000 toneladas. Así la industria azucarera fue hilvanando la historia económica e industrial del país, la identidad de parte importante de sus pueblos y la imagen de la nación.

A pesar de las riquezas que proporcionó, creó un desbalance en la utilización de los recursos naturales cubanos, ya que muchos suelos fértiles fueron ocupados solo con caña de azúcar. Y, como esta planta no necesita sombra para crecer, bosques enteros desaparecieron para dar paso a amplias zonas cañeras, por lo que fue el principal agente modificador del paisaje natural de la Isla.

Con el tiempo, varios elementos de la industria azucarera alcanzaron connotación de símbolo, como la chimenea, el trapiche y la torre campanario; y en sentido negativo, el barracón. Ejemplo paradigmático resulta la torre del ingenio Manaca-Iznaga (1816), declarada Monumento Nacional en 1981. Con sus 45 metros de altura, este campanario se utilizaba además para vigilar la plantación y el trabajo esclavo. Desde temprano fue entendida como signo de riqueza, al posibilitar la observación de uno de los paisajes productivos más prósperos y por ser, en sí misma, una de las torres más altas de la Cuba colonial.

Es indudable el impacto que la industria azucarera tuvo en la configuración de pueblos enteros, marcando con la zafra el movimiento de poblaciones y el ritmo de vida de la gente en función de la producción, repercutiendo en sus costumbres diarias, modos de hablar, en su azucarada dieta, en sus vínculos interpersonales y en su relación con el espacio. Además de los elementos que comparte con otras colonias americanas, generó manifestaciones específicas como los barracones de esclavos de planta rectangular que, según Reynaldo Fleites, son un tipo arquitectónico únicamente cubano.

Con la inversión directa de las compañías norteamericanas en las primeras décadas del siglo XX, se impuso en los bateyes la construcción de madera típica del Caribe anglófono, que determinó el diseño de varios pueblos, los cuales funcionaban como comunidades autosuficientes, con una infraestructura destinada a la satisfacción de las más diversas necesidades. En ellos se utilizó el sistema balloon frame para viviendas tipo bungalow, tanto de la clase alta como para pequeños comerciantes y obreros. También fue frecuente su uso en segundas residencias de veraneo, muchas ubicadas en zonas de playa. Pero fue en los bateyes donde se hizo característica esta arquitectura de madera.

En el siglo XX, en los bateyes la vida giraba en torno al central. La campana heredada del ingenio colonial señalaba los horarios de trabajo y descanso de todo el pueblo. Sustituida a veces por un silbato o sirena, fue un vehículo de comunicación dentro del proceso industrial muy vinculado a la figura del esclavo, y luego del campesino y el obrero. En cuanto símbolo, ha sido también interpretada como llamado a la unidad comunitaria y convertida en emblema municipal, como es el caso de la campana del central Héctor Molina, insignia del Municipio San Nicolás, provincia Mayabeque, desde 1999.

El campesino organizaba su año laboral en función de la zafra y de su éxito dependía la prosperidad de todos. De hecho, puede decirse que la prosperidad del país llegó a medirse por el éxito de la zafra. Tal lo demuestran los planes trazados por el Gobierno revolucionario que pretendieron alcanzar, en 1970, diez millones de toneladas de azúcar. Más allá del hecho productivo, este plan fue expresión del alarde político de un Gobierno apoyado en el orgullo de una consagrada cultura azucarera. Por esa razón los 8,5 millones de toneladas alcanzadas, aun siendo nuevo récord, no se celebraron y significaron un fracaso económico y moral.

Todavía se recuerda como un hecho histórico importante aquella Zafra de los Diez Millones, por lo que conllevó y generó como un proyecto más simbólico que realista, y que involucró al país entero. Algunas memorias permiten entender su influencia en las más variadas esferas de la vida: "Yo viví muy sentidamente aquella campaña del 69-70, en la que la consigna '¡Y de que van, van!' se convirtió en parte de nuestra cultura, de la cotidianeidad, de la vida misma. Hasta las cartas personales terminaban con la frase. (…) De aquella época data el inigualable e inolvidable estilo de narración beisbolera de Bobby Salamanca: '¡Azúcar, abanicando! Chic, chic, chic. Tres golpes de mocha y lo tiró pa’la tonga'. Así narraba Bobby, por ejemplo, el ponche que el pitcher le daba al bateador".

La consigna de esa zafra de 1970, "¡De que van, van!", dio incluso nombre a la orquesta más popular que ha tenido Cuba en su periodo revolucionario y que nació en esa fecha. Las letras de Los Van Van se han caracterizado desde entonces por reflejar el decir y el pensar del cubano. Asimismo, se ha asimilado por la cultura popular el grito de alegría, muy empleado en la música cubana, que más tarde identificó a la cantante Celia Cruz: "¡Azúcar!"

¡Azúcar para crecer! Una frase así ya es cosa del pasado. En la actualidad, con el desmantelamiento de la mayoría de los centrales y un volumen de producción comparable al de inicios del siglo XIX a pesar de la diferencia tecnológica (480.000 toneladas en 2021), la industria vuelve a ser metáfora de la nación y su impacto tiene incidencia profunda en los cubanos.

Yaneli Leal

Diario de Cuba, 6 de marzo de 2023.

Foto: Torre del ingenio Manaca-Iznaga en Trinidad, Sancti Spiritus. Tomada de Diario de Cuba.

De la dulcería La Gran Vía sólo queda el recuerdo

En todos mis cumpleaños infantiles había siempre un cake de La Gran Vía, la dulcería más famosa de La Habana. Aún conservo fotos de aquellas fiestas que muestran en el centro de la mesa el cake, que alcanzaba para todos los invitados y sobraba.

Aquellos cakes —torta o pastel les llaman en otros países— eran enormes comparados con los que se elaboran en la actualidad. Y eran muchísimo más baratos: los precios oscilaban entre 1,50 pesos hasta los 500 pesos que costaban los cakes gigantes para bodas que se hacían por encargo y al gusto del cliente.

Hoy, los reposteros privados que los hacen cobran hasta 1 500 pesos, y más, por un cake pequeño y muchas veces hay que darles los ingredientes (azúcar, huevos).

En la década de 1950, cuando vivía cerca de La Gran Vía, me gustaba ir a ver sus vidrieras y estanterías llenas de dulces de todo tipo bellamente decorados.

Los cakes para niños los adornaban también con algún juguete para usarlos después, lo cual los hacía más atractivos. En una ocasión quise un cake que tenía tres barquitos plásticos arriba.

La variedad de dulces era inmensa. La especialidad de la dulcería era el cake de nata. Había también pastelitos de guayaba, queso o carne, montecristos, coffee cake, eclairs, torticas y torrejas, entre otras variedades.También vendían panes, siempre muy fresco y con un sabor exquisito.

La dulcería tenía 100 metros de longitud. La entrada estaba en el número 118 de la calle Santos Suárez, pero mercancías las recibían por un portón trasero situado en la calle Enamorados, en la barriada habanera de Santos Suárez.

Existía un mezzanine para que el público viera como hacían los dulces con máquinas modernas de la época y, sobre todo, con total higiene. La mano del hombre intervenía nada más que en la decoración del cake.

Los clientes podían comprar los cakes y los dulces (que siempre venían en cajas de cartón) en La Gran Vía o hacer sus pedidos por teléfono para que se los entregaran en sus casas. Si lo solicitaban, el repostero añadía el nombre de la persona a felicitar.

La historia de La Gran Vía se remonta a 1921 cuando tres españoles oriundos de Toledo, los hermanos José, Valentín y Pedro García, se establecieron en Güines como reposteros y crearon su propio negocio. En 1940 trasladaron su establecimiento para La Habana, en Santos Suárez. Además de La Gran Vía, los hermanos fundaron Super-Cake, en Zanja y Belascoaín, y La Suiza, en 23 entre 10 y 12, al lado de lo que fuera el Ten Cent del Vedado.

Después de 1959, cuando les quitaron sus dulcerías, los hermanos García se fueron de Cuba y se establecieron en Puerto Rico. Sus descendientes, ya de tercera generación, han continuado el negocio en Miami.

Luego de ser intervenida por el Estado en la década de 1960, el declive de La Gran Vía ha sido imparable. Hace dos años la cerraron, para un remodelación, según dijeron. No se sabe cuándo ni cómo se hará. Antes había sido convertida en un establecimiento de la cadena Sylvain y vendían dulces, panes, refrescos y cerveza. Pero sus dulces nunca tuvieron la calidad que caracterizaba a los de La Gran Vía.

Hoy, el gran salón de ventas, que contaba hasta con aire acondicionado, está vacío, sin muebles.Gracias a recientes trabajos de mantenimiento, el lugar se conserva en bastante buen estado, con excepción del techo, algo deteriorado.

En la parte posterior, donde estaba el almacén de la dulcería, ahora hay un taller automotriz. Si alguna vez La Gran Vía vuelve a ser dulcería, ya no tendrá su tamaño original.

Jorge Luis González

Texto y foto: CubaNet, 12 de marzo de 2023.

El hotel Habana Riviera

En Paseo y Malecón, frente al mar y con una altura que supera los 70 metros, el 10 de diciembre de 1957 fue inaugurado el hotel Habana Riviera, que pronto se convertiría en uno de los más emblemáticos de Cuba, con 21 pisos y 400 habitaciones.

La edificación tuvo un costo de unos 12 millones de dólares. Las crónicas históricas aseguran que el dinero salió del bolsillo de la mafia radicada en Estados Unidos. Incluso su cabecilla Meyer Lansky se instaló en una suite del piso 20 y desde allí dirigía la sala de juegos: el Riviera tenía su propio casino, el más lujoso de La Habana de entonces y el mayor después de los casinos de Las Vegas.

No se escatimó en lujo y confort ni tampoco en arte. Fue decorado con obras del pintor Cundo Bermúdez (La Habana 1914-Miami 2008) y Florencio Gelabert (Las Villas 1904-La Habana 1995), autor de la escultura La sirena y el pez que se encuentra a la entrada. Entre otras curiosidades, el Habana Riviera contaba con la piscina más grande de la ciudad y. fue uno de los primeros hoteles del mundo en tener aire acondicionado central.

Se cuenta que su apertura fue un evento social de tal impacto que la transmitieron en Estados Unidos. A la ceremonia asistió el cardenal Manuel Arteaga Betancourt, que lo bendijo: Rafael Guas Inclán, vicepresidente de la República; Justo Luis del Pozo, alcalde de La Habana, un centenar de estadounidenses vinculados a la mafia y varias celebridades de Hollywood.

Tanta fue la expectativa que abrieron el hotel con una revista musical presentada en su cabaret Copa Room con Ginger Rogers, bajo la dirección de Jack Cole. En su primer año de operaciones, el Habana Riviera dejó utilidades netas cercanas a los 400 mil dólares, cantidad hoy equivalente a unos 4 millones 200 mil dólares.

Declarado Monumento Nacional el 18 de abril de 2012, por falta de mantenimiento y debido al salitre por su cercanía al mar, el hotel administrado por la empresa cubana Gran Caribe, sufrió un gran deterioro. Actualmente, con categoría de 4 estrellas, el Habana Riviera pertenece a la cadena española Iberostar.

Por otra parte, aún sigue la disputa por él. En 2015 el Riviera fue noticia porque los familiares del fallecido Meyer Lansky demandaron al gobierno de Cuba para que les devolviera el hotel o que los compensara por su expropiación. Eso, por supuesto, no ocurrió.

Cubanet, 12 de marzo de 2023.

Foto: Hotel Habana Riviera, en la calle Paseo entre Primera y Malecón, Vedado, La Habana. Tomada de Fotos de La Habana.

Una ciudad pobre no tiene por qué ser desordenada

No cabe duda de que las dificultades económicas entorpecen y limitan las ineludibles acciones de mantenimiento y rehabilitación que necesitan las ciudades; pero se ha convertido en una respuesta estereotipada del Gobierno y la administración el afirmar que los problemas urbanos no pueden enfrentarse por falta de recursos materiales. De hecho, más grave resulta la carencia de recursos técnicos, intelectuales, culturales y organizativos.

Vivir en sociedad —en particular en las ciudades— exige un mínimo de reglas del juego que eviten los múltiples conflictos que se generan por la densidad y diversidad propias del contexto urbano, tanto de construcciones como de ciudadanos. Hay que ordenar las edificaciones y hay que organizar de algún modo las relaciones sociales. Y es evidente que La Habana se está desordenando, cada vez más.

En lo que concierne a las edificaciones, parece que ha desaparecido la actividad de control urbano y que cada uno puede hacer lo que le parezca. Agresiones a diversas edificaciones patrimoniales han hecho sonar recientemente las alarmas.

El desarrollo de la capital cubana está siendo cada vez más fragmentado y desarticulado. No existe un plan director realmente operativo, y la ciudad se va transformando debido a múltiples iniciativas sin coordinación, tanto privadas como públicas.

Se entremezclan sin orden ni concierto acciones constructivas de emprendimientos privados, proyectos de desarrollo local, modificaciones, ampliaciones o divisiones de los ciudadanos, con obras públicas de pequeña magnitud como las que se llevan a cabo en los llamados barrios vulnerables; las iniciativas de las autoridades municipales —que suelen ser reactivas, apresuradas, cuando no improvisadas— con las obras de iniciativa nacional como los elefantes hoteleros para el turismo —que ignoran su contexto inmediato—, sin que se perciba que existe una idea estratégica de cómo conducir y salvar la ciudad. Todo ello, además, consume materiales.

Son diversos los campos en los que se debe y se puede actuar sin que sea necesario gastar muchos recursos financieros o materiales. Señalaría dos en particular: la difusión, aplicación y control de las regulaciones urbanísticas, y la formulación de unas ordenanzas de convivencia urbana.

Es importante destacar que no basta en absoluto redactar y promulgar un texto jurídico propuesto por un grupo de especialistas. Debería tratarse de reglas que sean comprendidas y asumidas como necesarias y convenientes por la ciudadanía. Como respuesta a la pregunta de por qué acatarlas, no vale la tradicional réplica del funcionario de turno: “Porque es lo que está establecido”; que es lo mismo que decir “porque sí”. De ser así, quizá se acatarán, pero no se cumplirán.

En el caso de Cuba, las primeras normas datan de 1574 (las conocidas ordenanzas de Cáceres). Estas fijaban las reglas del juego tanto en el campo de la convivencia pública como en el de las construcciones. Su artículo 63, por ejemplo, ya precisaba hace más de cuatro siglos que “ninguna persona pueda tomar sitio para casa (…) sin que tenga licencia primero para ello, so pena de 200 ducados”.

En 1861 se promulgaron unas ordenanzas de construcción, más específicas y abarcadoras, que fueron perfeccionándose en el caso de la ciudad de La Habana hasta la versión de 1963.

Si cada uno decidiera construir donde, cuando y como quisiera o pudiera, muy pronto colapsaría el funcionamiento del tejido urbano. Unos afectarían a otros y no sería factible ni siquiera circular por la ciudad. Hubo que ponerse de acuerdo en reservar un espacio libre de construcciones para el tránsito, en alinear las edificaciones, en acordar rasantes para la evacuación de las aguas pluviales, etc.

No parece muy difícil de entender que, si se quiere construir en un recinto limitado (alguna vez, incluso amurallado), es necesario organizarse de algún modo para hacerlo habitable, transitable, protegido del sol, la lluvia y las enfermedades, etc.

Las regulaciones suelen abordar una serie de aspectos relacionados con la estética, la funcionalidad, la higiene, la protección y la seguridad. Con el tiempo han ido actualizándose y adaptándose a los avances tecnológicos, los gustos estéticos y las particularidades del contexto social y medioambiental.

Suelen regularse los siguientes aspectos:

• la intensidad de edificación: grado de ocupación (del suelo) y utilización (en altura) de las manzanas y las parcelas para controlar densidades excesivas o insuficientes
• el tipo de uso de suelo permitido (habitacional, industrial, recreativo, no urbanizable, etc.) para evitar incompatibilidades
• la protección de los valores patrimoniales
• la alineación de las edificaciones (jardín, portal, pasillos…)
• los tipos y elementos de fachada (portales, balcones, puntales, medianería, vistas y luces…), pintura
• las acciones constructivas limitadas o prohibidas (ampliaciones, divisiones…), así como las demoliciones
• la calidad del paisaje urbano: mobiliario (bancos, luminarias, papeleras, paradas…), carteles, señalizaciones…
• la vialidad y la infraestructura técnica (agua, electricidad, comunicaciones, residuales…)
• las áreas verdes y los espacios públicos.

De ser necesario, pueden redactarse unas normas generales y otras específicas para aquellas zonas que lo requieran por sus particularidades (zonas patrimoniales, zonas inundables…). Suelen acompañarse de un conjunto de procedimientos para solicitar y autorizar la ocupación del suelo, la licencia de obra o construcción; definen las contravenciones para los incumplimientos y, naturalmente, requieren de un cuerpo de inspectores que controlen su cumplimiento, orienten a la población y sancionen las violaciones.

La mayoría de las ciudades cubanas tienen definidas regulaciones más o menos actualizadas; pero su inobservancia ha alcanzado niveles insospechados. A menudo se trata de documentos engavetados, cuyo texto desconocen tanto los funcionarios como la población, o son percibidos como un conjunto de prohibiciones arbitrarias y sin sentido.

A partir de ahí los ciudadanos improvisan ampliaciones y divisiones sin asesoría técnica, invaden o cierran portales, privatizan áreas comunes de los edificios, abren o cierran ventanas y puertas donde les parece, pintan pedazos de fachada, improvisan garajes y el paisaje urbano va adquiriendo un aspecto caótico que a nadie le gusta pero en el que muchos cooperan.

Las instituciones públicas no se quedan atrás: se multiplican las obras sin licencia, se irrespetan las zonas o edificaciones patrimoniales supuestamente protegidas, se incumple el proceso inversionista.

Por otra parte, la casi desaparecida actividad de control urbano es más sancionadora que educativa, lo cual no ayuda a que se comprenda su necesidad.

Es urgente volver a pasar a primer plano la vigencia de las regulaciones y los procedimientos. Los beneficios de recuperar su aplicación no solo no generarían costos adicionales sino que evitarían gastos innecesarios, evitarían conflictos y mejoraría notablemente el aspecto de las ciudades.

No solo hay que actuar sobre los edificios, sino además sobre las personas. Es necesario promover valores y normas de convivencia, de solidaridad, de respeto al prójimo (diverso) y al entorno; así como de participación ciudadana, para que lo que no sea de nadie sea de todos. Habrá que regirse por la regla de oro de la convivencia: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. El civismo no puede desligarse de la cultura, ni ésta de la educación.

Todos hacemos —o deshacemos— ciudad en mayor o menor medida. Y con ello incidimos en la vida colectiva; es decir, en la vida propia y de los demás. Es inevitable, por tanto, establecer unas reglas acordes al modo de vida urbano en convivencia cercana.

Esas reglas no pueden formularse de manera unilateral y burocrática. Tanto las regulaciones urbanas como las ordenanzas de convivencia deberían ser debatidas, acordadas y divulgadas para que puedan sean apropiadas por todos y, de este modo, cumplidas. Convendría mucho abrir un proceso ciudadano de formulación de unas ordenanzas de convivencia. Ello implicaría seguir algunos principios en su formulación y puesta en práctica.

En primer lugar, sería necesario lograr una implicación y una firme voluntad política de dirigentes políticos y administrativos, así como involucrar a la población a través de campañas de educación y comunicación y, sobre todo, de su participación en el proceso de formulación.

Resulta imprescindible lograr una comunicación fácil y consistente de la ciudadanía con la administración (por ejemplo, a través de un número de teléfono o de una página web con funcionarios especializados en la comunicación con los ciudadanos).

Sería oportuno comenzar por unas ordenanzas “mínimas” que no regularan más de lo que se puede realmente controlar y que cubrieran, para comenzar, tres aspectos esenciales:

• el orden público (es decir, las reglas de una convivencia respetuosa, solidaria y participativa),
• la protección del medio ambiente natural (arbolado, áreas verdes, contaminación acústica, basuras…) y
• la protección del medio ambiente construido (en particular de los espacios públicos, el mobiliario urbano, la vialidad…).

Se podría igualmente revitalizar los reglamentos de los edificios múltiples en muchos casos olvidados o inoperantes.

Se trataría de normas que habría que revisar cada cierto tiempo; puesto que los valores cambian, no son eternos. Sobre todo, deberían ser normas complementadas con sanciones adecuadas (no solo financieras sino además de reparación del daño), así como con un cuerpo de control y educación ciudadana; es decir, una policía local.

Será difícil rescatar la imagen física de la ciudad sin recuperar y restituir al mismo tiempo una sensibilidad colectiva ante el medio ambiente construido que permita su disfrute y su defensa. Esa sensibilidad debería ser cultivada desde la escuela y enriquecida y fortalecida por los medios públicos de comunicación.

El papel de la arquitectura y el urbanismo —no la mera construcción— es esencial en la creación de referentes estéticos de calidad. Para que sea un proceso efectivo debe existir reconocimiento por parte de los decisores políticos, los administradores de recursos y los gestores urbanos de la importancia del asesoramiento técnico y estético de arquitectos y urbanistas. El hecho de ser elegido o designado a un cargo público no otorga de por sí ninguna cualificación en este campo. La actual monotonía y pobreza no se expresa solo en la falta de recursos materiales, sino además de recursos estéticos y culturales. La educación de la mirada es, pues, esencial. Rescatar la imagen significará rescatar además la calidad de la mirada y, con ello, a nosotros mismos.

La idea de que no podremos aspirar a una ciudad mejor mientras no dispongamos de más cemento y acero está lejos de la realidad. Es mucho lo que puede hacerse en términos de organización, cooperación, participación, rigor y control. Pero ello requiere de unos requisitos mínimos que hoy no existen.

En primer lugar, una real voluntad política que guíe las acciones y una administración que “se busque problemas” con quien tenga que buscárselos. Nadie debería estar autorizado a irrespetar la ley, ocupe el cargo que ocupe.

En segundo lugar, formulación y redacción de las normas a través del debate, la consulta pública y la participación. Es la única vía para que la población se apropie de la conveniencia y utilidad de estas.

En tercer lugar, una sólida y mantenida campaña educativa a distintos niveles. Debería comenzar en la escuela a través de una asignatura o de actividades que promuevan y enseñaran a debatir con respeto y tolerancia por lo ajeno; a entender y apreciar los valores del civismo. Las actividades tendrían su complemento en una sólida y permanente campaña comunicativa a través de los medios.

Por otra parte, es necesario definir y fortalecer las instituciones responsables de la aplicación y el control de las regulaciones urbanas y las ordenanzas de convivencia. Hoy existe una dispersión de responsabilidades y competencias que desorienta a la población y facilita que las instituciones responsables “peloteen” al ciudadano.

Es imprescindible fortalecer con medios y recursos —sobre todo humanos y culturales— las instituciones responsables. Hoy día el control urbano está prácticamente en manos de los ciudadanos que, a través de las redes sociales, denuncian barbaridades, ilegalidades, atentados a la higiene, al paisaje, al bienestar ciudadano. El control popular es positivo siempre que las denuncias no caigan en el vacío. Pero a los teléfonos nadie responde; las páginas web son mudas; los funcionarios “están reunidos”…

En pocas palabras: el asunto no va solo de recursos materiales. Una ciudad pobre no tiene por qué ser una ciudad desordenada. Entiéndase, no estoy llamando a la intransigencia y la represión, a poner multas sin ton ni son, sino precisamente a recuperar la educación; estoy llamando al respeto y el rigor.

Mientras llega el momento de actualizar la estrategia de desarrollo de la ciudad (que requerirá tiempo y esfuerzo), sería oportuno centrar los esfuerzos en recuperar un mínimo de orden que haga la vida más llevadera y la ciudad más agradable. Bastaría —nada más y nada menos— con cumplir y hacer cumplir lo regulado. ¿Seremos capaces de ello?

César García Pleyán

On Cuba News, 29 de marzo de 2023.

Foto: Basurero en una calle de Centro Habana. Realizada por Otmaro Rodríguez y tomada de On Cuba News.

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La sanidad cubana antes de 1959

El sistema de salud en Cuba, antes de la llegada del castrismo al poder, era único en comparación con el resto de los países del continente. Predominaban los servicios prestados por instituciones no lucrativas que daban servicios médicos con cuotas muy modestas. Por ejemplo, una clínica como Católicas Cubanas, Hijas de Galicia, El Sagrado Corazón cobraban cifras tan bajas como 3.50 pesos. Una cantidad de dinero que podían pagar en la isla la inmensa mayoría de los cubanos.

El castrismo, en más de 60 años, no ha podido superar la calidad de los servicios médicos que había en Cuba antes de 1959. Sobre todo, si valoramos que la época republicana arrancó prácticamente de una etapa colonial, con una isla devastada por la guerra y las enfermedades, mientras que el castrismo llegó al poder y encontró toda una extraordinaria red de hospitales, clínicas, seguros médicos, y casas de socorro.

El sistema de salud cubano era una combinación de servicios gratuitos de salud pública financiados por el gobierno, y servicios privados. El gobierno administraba y financiaba los servicios públicos, a través del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social. Cuba fue el primer país del mundo en crear en 1909 un ministerio para atender exclusivamente los asuntos relacionados a la salud. Cuando el comunismo tomó el poder en Cuba destruyó toda la red de servicios privados, y convirtió todo el sistema en servicios financiados y administrados por el gobierno, con la intención de manipular políticamente los servicios de salud e imponer una narrativa que borraba la historia del desarrollo médico en Cuba antes de 1959.

Antes del castrismo, todas las ciudades importantes de la isla tenían hospitales generales con servicios médicos de altísima calidad, que era hospitales públicos financiados por el gobierno, además, la red de hospitales públicos en el país tenía hospitales especializados en el cuidado de la lepra, enfermedades mentales, cáncer, poliomielitis, oftalmología, ortopedia, tuberculosis, pediatría, enfermedades contagiosas y cardiología. Si bien la mayoría de estos hospitales especializados estaban en La Habana, tenían consultas externas en otras provincias para quienes no necesitaban hospitalización.

Además, por toda la isla estaban otros servicios médicos. Estaban los llamados dispensarios, que se dedicaban a trabajar con tratamientos especializados en enfermedades como lepra, tuberculosis o la pediatría. Eras servicios centrados en el diagnóstico y la prevención. Esto desmiente la narrativa comunista que ha dicho que ellos crearon la atención médica preventiva con los llamados Médicos de la Familia. Un programa que ha demostrado su ineficacia y hoy en completa decadencia. Los servicios médicos de los hospitales generales y los dispensarios eran completamente gratuitos para todas las personas.

A diferencia del sistema de salud castrista, el sistema de salud de la Cuba republicana era muy variado y completamente descentralizado. Y consistía en:

Servicios Médicos Públicos:

1. Servicios financiados y administrados por el gobierno central a través del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social
2. Servicios financiados y administrados por gobiernos locales y regionales.
3. Servicios gestionados por instituciones autónomas de carácter público: seguros sociales (en Cuba hubo seguro social primero que en Estados Unidos), hospitales de beneficencia, hospitales de escuelas de medicina oficiales.

Servicios Médicos Privados:

1. Servicios financiados por los no beneficiarios: instituciones de caridad, hospitales de escuelas de medicina privadas, servicios médicos pagados por los empleadores.
2. Servicios financiados por beneficiarios en forma de grupos que se dividían en: Instituciones no lucrativas (asociaciones mutualistas, como el Centro Gallego y el Centro Asturiano, y empresas de seguros no lucrativas) e instituciones lucrativas (servicios prestados en instituciones propias y compañías de seguro)
3. Servicios financiados por los beneficiarios (hospitales privados, consultas médicas privadas, y la medicina no científica -curanderos)

Las fuerzas armadas y la policía nacional tenías sus propios hospitales completamente gratuitos para ellos y sus familiares.

Los centros penitenciarios, los centros de reeducación juvenil y las escuelas técnicas con alumnos internos, tenían sus propios servicios de atención médica.

Además, en Cuba existían, en 1958, unas 200 casas de socorro, que se dedicaban a prestar servicios de emergencia y que también ofrecían las vacunas que ofrecía el gobierno. Porque, contrario a lo que ha vendido el gobierno comunista, la vacunación en Cuba no comenzó con el castrismo, los niños, para asistir a la escuela, recibían vacunación contra enfermedades como el tétanos y la poliomielitis.

Los centrales azucareros, que se encontraban lejos de los grandes centros urbanos, tenían pequeños hospitales para prestarle servicio a sus trabajadores, que eran financiados por los empleadores.

Cuba fue uno de los primeros países latinoamericanos en contar con seguro social, y tenía uno de los porcentajes más altos de población cubiertos por el seguro social. En el caso de la atención médica, estaban cubiertos por el seguro social tres áreas: los accidentes de trabajo, las enfermedades derivadas de las profesiones que se ejercían y la maternidad. Sí, parir en Cuba no era un problema de salud. Las mujeres trabajadoras estaban protegidas por el seguro social. Y las esposas de los trabajadores también, tanto durante el embarazo como en el parto. Los empleadores tenían la obligación de asegurar a sus empleados. Y el trabajador escogía el médico y el hospital. Con el dinero de este seguro de maternidad se construyeron varios hospitales de maternidad en Cuba, y las mujeres que no tenían acceso a los hospitales, el seguro les pagaba los servicios del médico y la comadrona que atendía el parto.

La Liga contra el Cáncer y La Liga contra la Ceguera, eran instituciones autónomas que se financiaban con dinero del público a través de campañas, y también con dinero del gobierno central.

Los hogares de ancianos y los orfelinatos, manejados por religiosos, tenían sus propios servicios médicos de atención primaria.

Es importante destacar, que las instituciones mutualistas cubrían a todos los miembros de una unidad familiar, y brindaban amplios servicios médicos: visitas médicas a la casa (a diferencia de la era castrista, donde usted tenía que ir a un policlínico o al médico de la familia para recibir una atención médica limitadísima), suministro de medicinas, tratamiento de enfermedades mentales y de larga duración, atrayendo a personas en toda la nación, lo que llevó a la creación de delegaciones de estas mutualistas en los pueblos importantes del país. Y si el paciente necesitaba hospitalización, se llevaba a La Habana o algunas sedes en capitales de provincia.

Después de la creación del Colegio Médico Nacional, en 1945, muchos médicos crearon las cooperativas médicas, para competir con las mutualistas, y a precios muy bajos, porque las mutualistas ofrecían más y mejores servicios.

Contrario a lo que el castrismo ha publicitado, los hospitales privados dedicados a prestar servicios médicos individuales, al estilo de Estados Unidos, eran muy pocos.

Hay que destacar, sin embargo, que muchos de los más renombrados y prestigiosos médicos cubanos trabajaban en las instituciones médicas gratuitas, como era, por ejemplo, el hospital Calixto García, donde ejercían la inmensa mayoría de los mejores médicos de Cuba, y al mismo tiempo mantenían sus consultorios privados.

En 1958, la tasa de mortalidad en Cuba era de apenas 4,93 muertes por cada mil personas. Y la tasa de mortalidad infantil era de 33.7 muertes por cada mil nacidos.

Cuba era el país con la tasa de mortalidad más baja de toda América:

Cuba……......   4.93

Uruguay……   7.6

Canadá……..   7.9

Argentina…..   8.1

Nicaragua…..   8.4

Dominicana..    8.4

Bolivia……      8.6

Panamá……     8.8

Costa Rica…    9.0

Venezuela….    9.4

EEUU...........    9.5

En cuanto a la mortalidad infantil, se ubicaba en el tercer puesto, con 33,7, sólo superado por Estados Unidos con 26.9 y Canadá con 30.2. Para tener una idea de lo bien posicionada que estaba Cuba, el país que se ubicaba en 4 lugar era Panamá, con una tasa de mortalidad infantil de 57,2.

Cuba, en 1958, ocupaba el quinto lugar en cuanto al número de habitantes por médico. Había un médico por cada 998 habitantes, solo superaban a Cuba, Argentina, con 764, Estados Unidos, con 805, Uruguay, con 860 y Canadá, con 953.

Las estadísticas son demoledoras, en 1958 en Cuba existían 87 hospitales públicos y 250 privados, para un total de 347, además de 200 casas de socorro para primeros auxilios y consulta externa. La inmensa mayoría de esos hospitales se mantienen hoy en día en pie, a pesar del deterioro en que los tiene el castrismo, y algunos que el comunismo cubano sencillamente no pudo sostener en pie, como el magnifico Hospital Infantil del Vedado, que era, por demás, un espléndido edificio de arquitectura Art Deco.

Había en Cuba, en 1958, entre la salud pública y privada, una cama por cada 174 habitantes. Sólo en los hospitales públicos era de una cama por cada 294 habitantes. Los hospitales públicos tenían 21,141 camas y los privados otras 15,000 para un total de 36,141.

Una de las críticas del castrismo siempre ha estado basada en que la mayoría de los servicios médicos estaban concentrados en la capital, que por demás era el mayor núcleo urbano del país, pero lo que no dicen, es que el servicio de transporte en la isla era fabuloso por aire, por mar y por tierra, y los pacientes que necesitaban servicios especializados que no hallaban en sus ciudades capitales, eran trasladados con facilidad a La Habana.

Ciertamente, el sistema de salud de Cuba en 1958 estaba lejos de ser perfecto, afectado por la concentración de los servicios en los grandes centros urbanos, y porque estos servicios no alcanzaban a las zonas montañosas y remotas de la isla. Pero la salud en Cuba está muy lejos del estado calamitoso que vendió la propaganda castrista después de 1959.

La falacia de que los servicios médicos “fundamentalmente eran privados en Cuba”, se ha repetido hasta la saciedad, como propaganda que buscaba exaltar las bondades de la medicina castrista con relación al sistema de salud de la era republicana. Sin embargo, el resultado final, tras el demagógico discurso político, es un sistema de salud disfuncional y en ruinas, que se sostenía con los subsidios de la Unión Soviética. Una vez que se cayó el comunismo en Europa del Este, el sistema de salud cubano se derrumbó, porque era una estructura política y de propaganda, no una verdadera estructura médica sostenible, y que además, era, y es, gestionada con una gran ineficacia desde el estado autocrático.

La mayoría de los hospitales que hay hoy en día en Cuba, ya existían antes de 1959. En la actualidad, según el ministerio de Salud Pública, en Cuba existen 152 hospitales con 36 mil 718 camas, apenas 577 camas más que las 36,141, que existían en 1958. Si consideramos que la población de Cuba en 2021 era de 11 millones 260 mil habitantes, hay una cama por cada 306.6 habitantes. Comparada con la de una cama por cada 174 habitantes de 1958.

El sistema médico cubano ha estado enfocado en la masificación, en la graduación de médicos, con el propósito de usarlos como mano de obra esclava, exportándolos hacia otros países. Y para darles empleo en el país creó los ineficaces médicos de la familia: 11 mil 550. Estos servicios médicos eran mucho más eficaces antes de 1959, pues los servicios médicos cubanos ofrecían atención médica a domicilio.

Pero sin duda, lo que más afecta al sistema de salud cubano es la pésima calidad de las instalaciones, su equipamiento tecnológico atrasado, la falta de medicamentos, y el deterioro de la atención de especialistas y médicos en general.

ADN América

30 de marzo de 2023.

Foto: Hospital General Calixto García, Vedado, La Habana. Tomada de ADN América.

El Cerro con sus industrias

El antiguo barrio de El Cerro suele ser reconocido por las bellísimas viviendas neoclásicas que relacionan el origen del reparto con un espacio de veraneo, donde varias familias de la alta clase habanera se hicieron construir sus segundas residencias durante el siglo XIX. También se recuerda la expresión popular que reza "El Cerro tiene la llave", en alusión a la presencia de los grandes tanques de depósito del Acueducto de Albear allí construidos en esa misma época, y que lo definen como el punto desde el cual partían las principales conexiones de este acueducto hacia distintos puntos de la capital. Era pues, en sentido figurado, la llave o grifo de este preciado recurso para La Habana.

No obstante, desde el propio siglo XIX, y muy particularmente en el XX, El Cerro fue un enclave estratégico para la capital cubana pero por otras circunstancias. Debe decirse que, por su localización estratégica en las proximidades de La Habana Vieja y el puerto, con amplios terrenos urbanizables, atravesado por uno de los principales caminos que conducían hacia las zonas de cultivo, y conectado con otros de gran importancia, fue un espacio muy atractivo para la construcción de fábricas y almacenes. El gran número que llegó abarcar, lo convirtió en uno de los municipios más industrializados de la capital, clave en su desarrollo económico.

En sentido general, las industrias tuvieron una notable presencia en La Habana, superior a la de cualquier otra ciudad cubana tanto en cantidad como en variedad. En su mayoría, las fábricas estuvieron asociadas a la industria química (jabones, perfumes, pinturas, etc.), la farmacéutica, la alimenticia (bebidas alcohólicas, refrescos, hielo, aceite, pastas, galletas, etc.), la tabacalera y la de materiales de construcción (cemento, tejas y elementos prefabricados, etc.); lo que no excluye otros rubros asociados a la industria ligera como el papel, el textil, los artículos de ferretería y de talabartería, entre otros.

Gran parte de ellos tuvieron representación en la barriada de El Cerro, que para 1930 concentraba el 22% de las fábricas inscritas en la Asociación Nacional de Industriales de Cuba, lo que lo definía como una zona altamente industrializada. No obstante, este ha sido un aspecto insuficientemente reconocido, lo que ha incidido en la mala gestión del territorio así como en la preservación de su patrimonio construido.

Teniendo en cuenta la división político-administrativa de 1976 que define a El Cerro como un municipio de La Habana, se ha estudiado que su proceso de industrialización se fue dando de norte a sur, en la misma medida que avanzó su urbanización. Desde el siglo XVIII contaba con la Calzada del Horcón (posteriormente del Cerro), a partir de la cual creció longitudinalmente el barrio. Esta vía se prolongó con la Calzada Real de Marianao (Avenida 51), que en su trayecto creó otros importantes barrios como Puentes Grandes y Quemados (núcleo fundacional de Marianao); y estaba también conectada con el Camino Real del Sur (luego 10 de Octubre), y al norte con la Calzada de la Infanta Eulalia.

Trayecto similar al de la Calzada del Cerro tuvieron las primeras líneas férreas en el siglo siguiente, por lo que este barrio nació enmarcado por el ferrocarril del Oeste y el de Marianao, con tres importantes estaciones: la de Tulipán, Cerro y Ciénaga. Esta última ha constituido hasta hoy uno de los principales talleres de ferrocarriles de La Habana. Desde el siglo XIX, tuvo El Cerro además, su propio ramal del tranvía.

Los caminos, el ferrocarril y el tranvía, dinamizaron la urbanización de los terrenos inmediatos y como vehículo de accesibilidad fueron un imán para la construcción de industrias, bien comunicadas con el puerto y con servicio de acueducto. Existen dos diferencias importantes entre las fábricas y almacenes que se insertaron en el tejido urbano preexistente y las que no. La primera y más elemental está en el tamaño, condicionado por la superficie disponible. Las construidas en terreno urbanizado eran por lo general más pequeñas y se distribuyeron sobre lotes estrechos y profundos, por lo que en ocasiones debieron ocupar más de uno.

Las fábricas integradas a la trama tradicional establecieron una especial armonía con el entorno construido, compartiendo elementos compositivos, decorativos, materiales y sistemas constructivos comunes a la vivienda, por lo que no fue extraño que algunas se habilitaran a partir de la refuncionalización de antiguas residencias, como fue la fábrica de ron Bocoy (1934), en la Calzada del Cerro 1417. En cambio, las fábricas construidas en zonas no urbanizadas, emplearon amplias superficies y un diseño claramente industrial, sin dejar de transitar por los estilos arquitectónicos de moda, con primacía del eclecticismo, ejemplo de lo cual fue la antigua cervecera Tívoli (1905), en Palatino.

Recientemente, el arquitecto Ricardo Machado inventarió en el Cerro 162 inmuebles fabriles (23 de bebidas, dos de hielo, cuatro de envases, 11 de alimentos, 18 de tabaco, uno de gomas, 16 de jabonería y perfumería, nueve laboratorios, 19 de calzado, siete de textiles, tres de muñecas, uno de instrumentos musicales, uno de velas, cuatro de fósforos, uno de clavos, cuatro de diamantes, 11 de papel e imprenta, cinco de materiales de construcción, tres metalúrgicas, tres carpinterías, etc.).

De esos inmuebles fabriles, solo 15 han sido reconocidos de valor por la Comisión Provincial de Patrimonio, aunque no poseen declaratoria y se encuentran legalmente desprotegidos (estos son la fábrica de cervezas y maltas Tívoli; la Compañía Cervecera Internacional S.A.; la fábrica de ron Bocoy; la compañía embotelladora Coca-Cola S.A. y la Canada Dry de Cuba S.A.; la Vinatera Occidental; la fábrica de confituras La Estrella; los laboratorios SQUIBB, OM, y Park Davis de Cuba; la fábrica de cigarros H.Upmann; las imprentas Omega y Cultural S.A.; y las perfumerías Crusellas S.A. y Sabatés Industrial S.A.).

Esto permite constatar el desconocimiento que sobre ellos existe, aún en una de las zonas donde su presencia es evidente y ha tenido un impacto urbano, económico y social significativo durante más de un siglo. Lamentablemente, por esta y otras razones de índole económica y administrativa, muy diferentes destinos han tenido las 162 fábricas de El Cerro, de las que solo 59 se encuentran en activo, cuatro están cerradas, 21 han sido demolidas y 78 refuncionalizadas como almacenes, viviendas o aparcamientos.

A pesar de esta notable disminución, la producción industrial de El Cerro actualmente representa el 70% de la economía del municipio, y su producción de perfumería el 50% de la que realiza la capital.

Yaneli Leal

Diario de Cuba, 19 de febrero de 2023.

Foto: Etiqueta de agua de colonia de Crusellas. Tomada de Todo Cuba.