Nuevas medidas económicas, viejos problemas políticos

Si en algo estuve de acuerdo con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su discurso del pasado jueves 16 de julio, transmitido de manera diferida por el programa Mesa Redonda, como introducción al anuncio de una serie de nuevas medidas para impulsar la economía, fue en que «el peor riesgo estaría en no cambiar, en no transformar, y en perder la confianza y el apoyo popular». Que Cuba necesita cambiar es obvio.

Todo país necesita cambiar constantemente porque las generaciones cambian y los países -sus leyes, instituciones, políticas- necesitan parecerse a quienes los habitan. Pero Cuba necesita, especialmente, cambiar su manera de cambiar, que es lo que de veras garantizaría apoyo popular. No tanto «el bienestar», como dijera el Presidente, sino la posibilidad de que el pueblo participe en la creación de ese bienestar.

No puede haber participación auténtica, que exprese la diversidad política que converge en el país, si, para empezar, no se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos a asociarse y a expresarse libremente.

La economía no existe separada de la política porque cada modelo económico se sustenta en una visión específica de la vida, las relaciones sociales, la naturaleza, el poder, y hasta del sexo. Mientras el ejercicio de la política quede restringido a los espacios admitidos por el Estado y el Partido Comunista de Cuba, los cambios solo podrán ser un fiel reflejo de la clase hegemónica y no del pueblo cubano en su complejidad.

Se sabe que la creación de una red comercial en dólares para la venta de diversos productos (alimentos, artículos de aseo e higiene, ferretería, electrodomésticos) va a incrementar las desigualdades. Eso no podrá evitarse.

Solo quienes cuenten con ingresos en dólares, que serán básicamente quienes reciban remesas del exterior, trabajen con organizaciones extranjeras o logren insertarse en mercados internacionales, podrán acceder a esa red; que seguro contará con una oferta superior, más atractiva, estable y variada que la que funciona ahora con las dos monedas nacionales (CUP y CUC). Pero ni el sector estatal, que emplea a tres millones 79 mil 500 personas, ni el sector no estatal, que emplea alrededor de un millón 435 mil, incluidos poco más de 620 mil cuentapropistas, tienen establecidos los salarios en dólares.

El mismo Díaz-Canel reconoció que «en ocasiones, para beneficiar a todos, hay que implementar medidas que, entre comillas, parece que favorecen a pocos, pero que a la larga beneficiarán a todos». Una vez más estamos frente a la película maquiavélica de «el fin justifica los medios». Una vez más a la mayoría le toca sacrificarse en aras de un futuro luminoso prometido mientras crecen los privilegios de una minoría.

Ciertamente, algunas decisiones resultan novedosas, como la de aprobar las empresas micro, pequeñas y medianas, y han sido percibidas incluso con optimismo por algunos especialistas. Sin embargo, lo más preocupante, a mi entender, es la lógica en la cual se basa esta «estrategia económico-social». Desde el momento en que su punto de partida es nada más y nada menos que el Buró Político del Partido -que no enfrenta ninguna fuerza que configure un equilibrio de poderes-, como sucedió con el Anteproyecto de Constitución, que se discutió durante cinco años al interior de esa élite antes de que en la Asamblea Nacional del Poder Popular se conformara la comisión con 33 diputados que supuestamente lo redactaría en menos de dos meses, yo no puedo considerarla legítima.

Para considerar legítima dicha estrategia, que implica un proceso de reformas, y no de cambios sistémicos, no basta con prometer que beneficiará a todos, también es necesario que se emprenda con todos, como defendiera siempre José Martí.

Y todos no son solo los actores que el Partido único consiente. Todos no son solo los actores que coinciden con su política o que no la cuestionan con rigor. Todos no son solo las organizaciones sociales, gobiernos, empresas o negocios privados que responden a sus intereses y cumplen sus reglas. Todos son, además, los partidos opositores, las organizaciones, los artistas y los medios independientes que desafían el actual orden de cosas y batallan por conquistar un lugar justo en la sociedad y en la construcción del presente y el futuro del país.

Las medidas que comenzaron a implementarse el 20 de julio de 2020 podrán generar cierto progreso económico, al menos según una comprensión de la economía circunscrita a la capacidad de consumo de bienes y servicios de una población, pero no nos conducirán a una Cuba más inclusiva y democrática. Propiciar la participación social no es apenas informar y explicar a la gente por televisión las decisiones que un grupo reducido tomara en privado, no es hacer que la gente baile a tu ritmo y con la música que pones, sino decidir con la gente: descentralizar el proceso de toma de decisiones y diseñar estructuras horizontales que favorezcan la creatividad y la implicación popular.

Sobran en Cuba los estudios que, desde distintas disciplinas, exponen propuestas para dinamizar el ejercicio de la política y el empoderamiento ciudadano. Es colosal la producción de conocimiento sobre el tema del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto de Filosofía, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, el Observatorio Crítico Cubano o el Centro de Estudios Convivencia.

Soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos de Cuba -cuya puesta en práctica no depende de que se levante el embargo impuesto por Estados Unidos- hay muchísimas ya escritas. Se me ocurre, a raíz de la publicación el 23 de julio del Decreto Ley No. 4 de 2020, que promueve el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana, el libro Avances de la Agroecología en Cuba. Claro, en general, estas soluciones abogan por la descentralización del poder, y ya sabemos que quienes ejercen el poder, más en un sistema totalitario como el cubano, no suelen ceder si no es para preservarlo adecuándose a las nuevas condiciones.

Antes de pedir confianza al pueblo, el gobierno debería empezar por confiar en el pueblo.

¿Qué confianza en el pueblo demuestra el gobierno, cuando las medidas anunciadas por Díaz-Canel el 16 de julio, luego de varios días de rumores sobre la apertura de nuevos establecimientos en dólares, fueron tomadas al interior del Buró Político? ¿Qué confianza demuestra el gobierno cuando no permite que los opositores participen, en igualdad de condiciones con los miembros y dirigentes del Partido, en la vida política de la nación? ¿O acaso los opositores, y todos los demás grupos que son segregados por sus ideas, no son parte del pueblo?

Si el gobierno estuviera en verdad seguro de que el Partido representa mayoritariamente los intereses y la voluntad del pueblo, en Cuba los derechos civiles y políticos estarían garantizados. Se pudiera fundar por vías legales medios de comunicación, partidos, asociaciones múltiples, proyectos comunitarios… Todas las personas que quisieran manifestarse pacíficamente por cualquier causa digna en los espacios públicos podrían hacerlo. Los periodistas independientes podrían reportar sin temor a acabar en la cárcel, como Roberto de Jesús Quiñones, que ya lleva más de diez meses sufriendo privación de libertad por intentar hacer su trabajo.

Cuba no necesita seguir profundizando aún más sus contradicciones y resentimientos. Que un presidente dedique casi la mitad de un discurso a hablar de enemigos de la Revolución, de adversarios, como recién hiciera Díaz-Canel, poco o nada beneficia a todos. Ni quienes cuestionan al gobierno, ni quienes se le oponen, ni quienes hacen chistes con sus funcionarios, deberían ser considerados enemigos por expresarse libremente. Considerarlos enemigos y tratarlos en consecuencia, además, demerita al propio gobierno: pone en evidencia su intolerancia y su incomprensión de los derechos humanos. Y la figura pública que no esté lista, en la época de las redes sociales y los memes, para enfrentar chistes, buenos o malos, que se dedique a otra cosa.

La segregación por motivos políticos e ideológicos que ha originado y estimulado el gobierno cubano desde la década de los sesenta, y que en Fidel Castro tuvo su principal artífice, como se puede verificar desde sus discursos más tempranos, ha dañado y continúa dañando a Cuba más que lo que las políticas de Estados Unidos han dañado y continúan dañando.

Me temo que sanar las heridas que las confrontaciones entre cubanas y cubanos han abierto en la sociedad requerirá un proceso de recuperación psicosocial y cultural mucho mayor que el que requeriría el proceso de recuperación económica del embargo si se levantara de una vez en el Congreso estadounidense.

Nadie realmente preocupado por el bienestar de la nación debería contribuir a acrecentar esas heridas. No se puede responder al odio con odio porque así solo lo multiplicamos. Lo único que de veras nos hará sanar y avanzar hacia una república democrática será la búsqueda de la verdad, que implica reconstruir la fragmentada memoria histórica de Cuba, y la implementación de la justicia, para lo cual tendremos que restablecer las libertades que nos han sido quitadas, lograr la separación de poderes y aprender de otras experiencias de reconciliación nacional. Ese es el cambio que creo más urgente y necesario.

Si entendemos la economía como reproducción de la vida humana en armonía con la naturaleza, las primeras medidas económicas para Cuba deberían ser políticas. El gobierno podrá lograr, con esta estrategia, cierta estabilidad, en la medida en que resuelva el desabastecimiento y alivie la crisis económica que padece el pueblo, sobre todo ese que no cuenta con dólares para adquirir artículos de primera necesidad en los nuevos mercados.

Pero a la ciudadanía cubana le corresponde seguir expandiendo los límites de lo permitido y mirar más allá del papel sanitario, el pollo o el puré de tomate. Podríamos dejar de ser un país hambriento sin ser un país libre.

¿Qué nos garantiza que en una semana, un mes, o un año, el Buró Político no vuelva a reunirse y decida echar para atrás las pocas medidas aperturistas que ha tomado sin contar con nadie? ¿Qué se lo impediría? Ahora mismo, nada. Sería imprudente, una torpeza tremenda, pero nada se lo impediría. Y no sería la primera vez que recogiera el cordel que antes soltó.

El gobierno puede decir que el mayor riesgo estaría en perder el apoyo popular, pero para Cuba, para su futuro, el mayor riesgo estaría en no recuperar, lo antes posible, las libertades necesarias para construir poder popular.

Mónica Baró

El Estornudo, 25 de julio de 2020.

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