La economía militar en Cuba

 

Una nota publicada en el periódico Granma del 14 de junio de 1989 denunciaba «graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos». Para sorpresa de muchos, la acusación implicaba a oficiales de las FAR y el MININT, entre ellos un general, que resultaron fusilados poco después.

Ese proceso, conocido como Causa 1 de 1989, reveló una trama sórdida de relaciones con el narcotráfico, de la cual el gobierno se desmarcó al acusar individualmente a los implicados; también se supo del contrabando de marfiles y diamantes y de maletines llenos de dólares que viajaban por varios continentes. La guerra de Angola fue el contexto donde se originaron muchas de esas actividades.

El juicio develó la existencia del Departamento MC (Moneda Convertible) adscrito al MININT, donde se organizaban operaciones secretas con el fin de romper el bloqueo y abastecernos de tecnologías procedentes de Estados Unidos. Aunque desde 1984 se había planteado que el MINFAR creara empresas para financiar sus requerimientos, era la primera vez que escuchaba que el ejército tuviera funciones económicas que se extralimitaran de las generadas intrínsecamente.

Con la caída del muro de Berlín en 1989, derrumbe simbólico de lo que poco después ocurriría con el campo socialista, Cuba quedó en una situación crítica y comenzó, a partir de 1994, un proceso de flexibilidad económica que incluyó, entre otros cambios, el fomento de la industria del turismo, la despenalización del dólar y la aceptación del emprendimiento privado.

En 1995 fue creado el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), una empresa adscrita al Ministerio de las FAR. En poco más de un cuarto de siglo su crecimiento ha sido descomunal. Actualmente, y no pretendo ser exhaustiva, incluye: hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, centros recreativos, agencias de viaje, inmobiliarias, empresas de vuelos, importadoras, rentas de autos, almacenes, navieras, servicio de mensajería y paquetería, ventas mayoristas, bancos, empresas financieras, servicios de auditoría, empresas de construcción, y toda la red de tiendas minoristas en CUC, y ahora en MLC.

Se supone que ese enorme crecimiento y captación de inversiones debería beneficiar a otras ramas de la economía, sin embargo, mientras los campos se han llenado de marabú y el ganado muere por falta de alimentos, los hoteles, construcciones turísticas y campos de golf proliferan. La disminución de inversiones en la agricultura, la ganadería y la ciencia son constatables en las propias estadísticas de Cuba, como bien han demostrado Pedro Monreal y otros economistas.

Siendo mucho más importante en términos económicos que varios ministerios juntos, ¿no debería GAESA rendir cuentas de su desempeño ante la Asamblea Nacional del Poder Popular como es obligatorio por ley? Lejos de ello, se sabe que las propiedades bajo control militar no se subordinan a la Contraloría General de la República ni pueden ser auditadas por este órgano. Los métodos y grupos de auditoría que utilizan son internos y no se ofrecen los resultados públicamente.

La enorme concentración de poder económico en manos de GAESA es contraria a los intereses de una sociedad socialista. El artículo 18 de la Constitución de 2019 establece que “En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal (…)” y el artículo 22, formas de propiedad, nos dice en su inciso a) que la propiedad socialista de todo el pueblo es aquella “en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario”.

¿Es lógico entonces que un enorme sector de la economía quede sustraído al control popular? Si el Estado actúa como administrador de nuestros bienes, ¿no debería estar obligado a rendir cuenta de su honradez y eficiencia? Muy alarmante ha sido que no se logre pagar una deuda de 83 millones de dólares al Club de París, cuando los ingresos que debe generar GAESA, de acuerdo a las proporciones de sus negocios, superan ampliamente esta cifra.

Se es muy insistente en el tema de la lucha contra la corrupción, pero jamás se clarifica cómo se manifiesta el enfrentamiento al delito en ese enorme conglomerado empresarial. Si en el pasado se manifestaron «graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos», ¿por qué confiar en que no pueda estar ocurriendo ahora?, y más cuando el NTV, tan dado últimamente a ofrecer noticias diarias acerca de hechos delictivos, no dice una palabra sobre lo que se sabe ha ocurrido en CIMEX, una de las empresas que forman parte de GAESA, con negocios turbios que señalan a altos directivos.

Si esa no fuera razón suficiente, habría que analizar también el hostigamiento a las empresas que conforman GAESA por parte del bloqueo norteamericano, especialmente por el gobierno de Donald Trump. El conjunto de medidas con las que ha penalizado a las empresas que forman parte del referido grupo empresarial ha llegado al punto de afectar el envío de remesas a la Isla. De modo que, lo que pudo ser una fortaleza en su momento, poner una parte sustancial de la economía bajo control y métodos militares, es hoy una debilidad.

En Cuba nos hemos —mejor dicho nos han— acostumbrado por décadas a una mentalidad de intransigencia, hasta un punto que no sabemos —o no se quiere— reaccionar de otro modo. A una política imperialista, respuestas contundentes. A la fuerza, el desafío. A la imposición, el reto. Provista de un enorme catalejo, la burocracia que nos dirige está más pendiente al enemigo que al pueblo.

Considero que hay que trazar una estrategia que permita la desmilitarización de ese gigantesco sector de la economía para debilitar el bloqueo. ¿Rendir armas? —exclamarán algunos— No, pensar primero en las necesidades del pueblo. Martí consideraba que «(…) Ni la política ha de ser arte de escarceos, retazos y tráficos, ni es digno de la confianza de su país el que mira más a parecer bien a sus adversarios, —por su seguridad y gloria de hombre hábil—, que a intentar y realizar todas las mejoras que crea beneficiosas a su pueblo».

El capricho de seguir apostándolo todo al contexto exterior, sin transformaciones políticas internas y sin darle participación a los cubanos en las inversiones, apoyadas por remesas que no solo puedan generarse desde Estados Unidos pues hay otros focos de migración cubana, provoca que ante cualquier endurecimiento del bloqueo seamos en extremo frágiles.

Entonces, ¿qué impide que se devuelvan esas propiedades a control civil? A fin de cuentas, la mayor parte del personal calificado que dirige y labora en las empresas bajo jurisdicción de GAESA está formado en universidades y centros que no son militares, simplemente son captados como trabajadores civiles de las FAR para acceder a esos empleos.

Lograr el control popular sobre enormes propiedades, luchar contra la corrupción y concebir una estrategia para debilitar al bloqueo; son razones suficientes para el cambio de una economía militar a una civil.

Alina Bárbara López Hernández

La Joven Cuba, 8 de octubre de 2020.

Foto: Sede de GAESA, en la Avenida del Puerto, La Habana. Tomada de Cubanet.

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