Miguel Díaz-Canel: el fraude en Cuba empieza en la Presidencia

El 22 de marzo, el periódico Granma publicó la noticia del grado de doctor en ciencias de Miguel Díaz-Canel. El periódico reseñó un supuesto artículo del presidente como la tesis de defensa de su doctorado, realizada el pasado lunes. El fraude en Cuba comienza por la presidencia. Alejado de todo ejercicio disciplinar previo y curricular, y sin los créditos necesarios para adquirir un grado de doctor, el Partido Comunista de Cuba le regala un título a su principal burócrata.

Carente de legitimidad política dados los resultados de su gestión pública en los últimos tres años, Díaz-Canel recibe refuerzo fraudulento del PCC. Es algo así como un título de "nobleza" en una monarquía europea. El contenido es para estar a la moda del "desarrollo sostenible", término utilizado a profusión, pero que no remite a ninguna política concreta en la sociedad cubana. Puede revisarse el Plan de Desarrollo Sostenible presentado por el Gobierno ante la CEPAL en febrero de 2019 y constatarse las numerosas falacias y ausencias en que incurre, como parte de su propaganda de cara a la comunidad internacional. La propaganda no es ciencia, es narrativa falsa y tergiversada sobre la realidad.

La reseña de Granma nos recuerda el afán de la "dirección científica de la sociedad" de los manuales de marxismo-leninismo de la década de 1970. Pura propaganda del discurso oficial único debajo del cual la incompetencia, la miseria y la represión de todos los sectores sociales eran los rasgos más sobresalientes en los totalitarismos comunistas de Europa del Este y de Cuba.

Hace unos meses, el periódico Granma colocó en primera plana un informe supuestamente escrito entre un funcionario universitario y el presidente designado, en el que pretendían vender una estrategia "científica" innovadora sobre la relación burocrática entre las universidades y el desarrollo local. Con mucha propaganda, lo que se pretende validar es la planificación centralizada de la economía, trasladar a los municipios el monopolio estatal de todas las actividades civiles y económicas, duplicando así el ejército de funcionarios que ya se desempeñan en los organismos estatales. Una pesadilla que el partido único quiere seguir imponiendo en el país, a pesar de los desastrosos resultados de los últimos 60 años.

Paralelamente, el llamado de la prensa oficial a "poner el hombro" para los candidatos vacunales que no han probado aún su efectividad es una muestra más de cómo el Gobierno irrespeta a la ciudadanía y la pone en riesgo ante medicamentos no certificados a nivel internacional. Los cuatro candidatos vacunales son hasta el momento inciertos y un riesgo que solo se aplica en sociedades autocráticas y sin derechos ciudadanos.

En cambio, en las sociedades democráticas las vacunas adquiridas se aplican en primer lugar a los funcionarios y políticos más relevantes para crear confianza en medicamentos ya certificados a nivel internacional. Con el mismo fin, deberían ponerse las vacunas cubanas en primer lugar los miembros del Buró Político, el Comité Central del PCC, todo el Gobierno y las organizaciones centrales del Estado. También los integrantes de las diez comisiones parlamentarias permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Solo con esta muestra de confianza y ejemplo sería entendible entonces pasar a vacunar a la población restante. Eso haría un Gobierno democrático.

Pretender la superioridad del partido único frente a gobiernos democráticos por el control absoluto sobre las vidas de las personas es una política fallida y contestada de múltiples maneras desde la ciudadanía, desde hace décadas. La vigilancia a la cadena de contactos, el aislamiento en centros especiales, el cierre de fronteras, los toques de queda en ciudades o zonas geográficas, el cese por períodos largos de la actividad económica y comercial, y publicar los contagios y fallecidos, no son estrategias novedosas en el enfrentamiento del Covid-19: casi todos los países han aplicado medidas semejantes.

En Cuba, estas estrategias han tenido el agravante de una crisis estructural económica que ha hecho más precaria la sobrevivencia de la población. Las estructuras hospitalarias desvencijadas, la ausencia de información sobre la cantidad de camas para terapia intensiva o el número de respiradores artificiales con que cuenta el país, la ausencia de transparencia en el conteo de los fallecidos por la pandemia y de los fallecidos por otras enfermedades respiratorias, hacen difícil cualificar la política pública del Gobierno como algo válido y fiable.

Ni siquiera se conoce el número de ambulancias que existen en el país. La creciente escasez de medicamentos esenciales o elementales, y la gran escasez de alimentos, resultado de políticas fallidas, completan un cuadro social de pesadilla cotidiana. La política de represión con multas exorbitantes de la policía, en una interpretación "libre" de sus funciones para definir cuándo se puede bajar o no la mascarilla y quienes deben respetar la distancia, aumentó el descontento y la protesta popular.

Cuba no ha sido un ejemplo de nada en su estrategia de enfrentamiento al Covid-19, con sus sucesivas olas de contagios y un número de fallecidos a desconfiar, cuando la pandemia se utiliza para demostrar una supuesta superioridad política falsa. Mientras la sociedad francesa, por ejemplo, está enfrascada en medir el impacto depresivo en la población por los meses de confinamiento y por la pérdida de los empleos resultado de la pandemia, en Cuba el partido único regala un título de doctor fraudulento al presidente designado. Esa es una de las diferencias entre una república fallida y otra que no lo es.

Marlene Azor Hernández

Diario de Cuba, 25 de marzo de 2021.

Foto: Díaz-Canel defendiendo su tesis. Tomada de Diario de Cuba.

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