En una nota publicada el 18 de diciembre de 2021, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) informaba que, producto de los atrasos en la importación de la materia prima para la confección de la libreta de abastecimiento de 2022, se haría uso de los renglones disponibles en las libretas de 2021 correspondiente a los meses de enero y febrero del año recién finalizado.
Y aunque la información iba dirigida fue a la población de las provincias occidentales y centrales, resultaba un aviso a lo que será el año 2022 en materia de abastecimiento. Algo paradójico si se tiene en cuenta que el próximo 12 de marzo se cumplen 60 años de la promulgación de la Ley 1015 de 1962 que dio lugar a la creación de la Libreta de Control de Abastecimientos, una versión cubana de las cartillas de racionamiento de la postguerra en Europa.
Es difícil hablar de celebración cuando en realidad lo que se conmemora no es el abastecimiento de la población, sino su control, es decir, el momento exacto en el que por medio de una disposición del Consejo de Ministros se creó la Junta Nacional para la Distribución de los Alimentos, y ésta, haciendo uso de sus facultades, estableció las primeras medidas de regulación de alimentos para los cubanos, sentenciando lo que sería el racionamiento en los años siguientes.
Bajo el eufemismo de Año de la Planificación (1962), la Junta Nacional para la distribución de alimentos en su primera reunión, el 13 de marzo de 1962, anunciaba cuáles serían los productos racionados y cuál sería el proceder para la adquisición de estos a través de la libreta.
Lo que comenzó como una medida para "mejorar la distribución de los abastecimientos", terminó convertido en una política de Estado, que por medio de la alimentación, controla a la población en lo más íntimo.
El régimen se metió en cada uno de los hogares y de manera abrupta entró a controlar lo que cada familia podía comer y los productos con los que se podían asear. En un abrir y cerrar de ojos, las disposiciones de la Junta establecieron medidas para todo el país, incluidas 26 ciudades y la "Gran Habana".
No se trataba de una decisión menor, justificada en el desabastecimiento de quienes sí podían comprar frente a los que quedaban marginados, sino de una medida deliberada para registrar a cada residente en la Isla, a través de una persona que fungiría como "cabeza de familia" y que registraría a todos los integrantes del núcleo familiar para que de ese modo el paterfamilias Estado Revolucionario pudiera "garantizar el abastecimiento".
En realidad, no hubo ganancia, y sí una tremenda pérdida. No se perdió solo la libertad de comprar -de quienes podían y de quienes no-, sino que también se perdió la libertad de no ser controlado por un aparato ideologizado como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), órgano de vigilancia que a partir de ese momento adquirió dientes y aumentó su capacidad para vigilar a los vecinos, tanto los comprometidos con la revolución, los "confundidos" o contrarrevolucionarios.
Hoy, la falta de papel para la confección de la libreta es una metáfora del control al que los cubanos se encuentran sometidos. Sin muchas alternativas, las familias tendrán que anotar en los meses de enero y febrero de 2021 lo que consumirán en el comienzo de este año, esperando que el MINCIN cumpla su palabra y el 30 de enero entregue las libretas de 2022 para que todo vuelva a la "anormalidad" en la que se vive no ya desde 1962, si no desde 1959.
Sergio Ángel, director de proyectos, Food Monitor Program
Texto y foto: Diario de Cuba, 12 de enero de 2022.
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